Faltan cinco días con mercados abiertos para esperar al próximo viernes 6 de diciembre, la fecha prometida para el anuncio definitivo del gabinete que acompañará al presidente electo, Alberto Fernández, cuando asuma el 10 de diciembre.

No hay hasta el momento una confirmación definitiva sobre el elenco económico ni detalles de las principales medidas que se adoptarían con la nueva administración. Sobran las versiones, suben y bajan los candidatos; pero lo notable es que las especulaciones abarcan un abanico tan amplio como diverso respecto de lo que viene en materia económica. Desde los que suponen que más allá de las declaraciones políticas Alberto Fernández optará por una estrategia racional para acordar con el FMI y los acreedores en los primeros seis meses de gobierno, hasta los que creen que la llegada del default sería inexorable, otra vez con un enfrentamiento entre la Argentina y el mundo financiero internacional parecido al que caracterizó el mandato de Cristina Kirchner, en particular el cepo extremo y la batalla contra los fondos buitre en su segundo mandato.

Se alimentan estas teorías complicadas para la economía desde el regreso de Cristina Kirchner de Cuba hace dos semanas, cuando se instaló la percepción de que el presidente electo no ha podido elegir sin condicionamientos a su ministro de Economía. Hay versiones sobre los vetos de Cristina a figuras económicas en las que había pensado Alberto para el Palacio de Hacienda, con el objetivo de ganar la confianza de los mercados.

La promoción del plan del economista Martín Guzmán, mencionado como posible ministro, que habla de no pagar ni capital ni intereses de la deuda por 2 o 3 años, no parece viable para los bonistas internacionales. Y las últimas declaraciones públicas de Alberto Fernández rechazando la asistencia financiera del FMI para 2020 abren varios interrogantes. Sin la plata del FMI, ¿cómo haría la Argentina para no entrar en default el año que viene? Vale la pena recordar los vencimientos: hasta abril alcanzaría con las reservas del Banco Central. Pero ya en mayo los pagos suben en forma exponencial y resultarían impagables sin plata fresca.

Lo único que sí aparece claro para todos es que habrá un aumento generalizado de los impuestos. Según trascendió, se trabaja en dar vuelta toda la reforma impositiva de la era Macri-Dujovne. No solo serán anuladas las rebajas de alícuotas previstas en ganancias y aportes patronales, sino que lo más probable es que aumenten. Lo mismo que la posibilidad de computar contra ganancias los pagos del impuesto al cheque. Lo poco que alivió Mauricio Macri, todo para atrás.

También, como se adelantó en esta columna, muchos gobernadores quieren renegociar el pacto fiscal con la Nación para poder aumentar Ingresos Brutos en todo el país. Y sigue el debate sobre el aumento en el impuesto a los bienes personales y si habrá un sobretasa con o sin un nuevo blanqueo para castigar más a los que declaren o hayan declarado activos financieros que se mantienen en el exterior.

Parece cantado un aumento a las retenciones de las exportaciones agropecuarias, mineras y de petróleo y gas. Solo se salvarían las economías regionales y las Pymes de este impuestazo que se cocina en los equipos técnicos del nuevo presidente. Sigue muy firme la figura de Matías Kulfas como un superministro de la Producción, se menciona un ministerio especial o secretaría de asuntos agropecuarios con particular énfasis en la generación y liquidación de divisas.

Se esperan entre 7 y 10 proyectos de ley trascendentes que elevará el nuevo gobierno al Parlamento para las sesiones extraordinarias que ya están convocadas para el 6 de enero. Un Congreso ahora con un enorme dominio por parte de Cristina Kirchner, que ha logrado unificar bajo sus órdenes a todo el bloque del peronismo, kirchnerismo y aliados provinciales, tanto en el Senado como en Diputados.

En la Cámara alta, logró juntar 42 senadores que garantizan quórum propio; en tanto, serán unos 120 diputados los que responderían a la conducción ahora colegiada de Sergio Massa y Máximo Kirchner. Muy cerca del quórum propio, no de mayorías especiales. Por eso es clave observar, sobre todo en Diputados, qué grado de cohesión habrá en la futura oposición hoy atomizada entre los radicales, la colación cívica y los aliados incondicionales de Mauricio Macri en el Pro. Será la única barrera si es que aparecen proyectos hegemónicos en lo político o confiscatorios en lo económico e impositivo.

Finalmente habrá que prestar particular atención al futuro de los organismos encargados de vigilar el lavado de dinero y los delitos financieros. Trascendió que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que durante la administración Macri tuvo una gestión muy profesional y elogiada a nivel internacional, pasaría a depender del futuro jefe de los abogados del Estado.

Si se confirma ese cargo para Carlos Zannini, el cerebro legal del vamos por todo en la era Kirchner, el futuro procurador del Tesoro tendrá un poder absoluto para investigar las cuentas bancarias y los negocios de todos los argentinos. Será también el que defina qué juicios inicia el Estado y contra quiénes, porque la oficina anticorrupción podría quedar bajo esa tutela de Zannini. También, desde luego, a quién indemnizará el Estado por actuaciones durante la gestión Macri. Casi las herramientas perfectas para un ministerio de la venganza.