Es improbable, y hasta imposible, que Alberto Fernández haya querido demostrar ahora la distancia política (que existe) con Cristina Kirchner. Es la expresidenta la que lo está forzando a poner en evidencia que hay entre ellos concepciones muy distintas sobre la política, la economía, la Justicia y el mundo. En efecto, el Presidente tiene en estos días problemas más graves que las disidencias ideológicas que exhibe su mentora.

Ayer, el Presidente debió optar entre dos decisiones extremas sobre la deuda argentina: emitir pesos a niveles significativos o reperfilar los compromisos que vencen mañana. Prefirió hacer una reestructuración compulsiva de la deuda de corto plazo (lo que podría significar una mala señal para una administración que se propone renegociar toda la deuda pública), pero la emisión descontrolada de pesos era peor, consideró el Gobierno.

Gran parte de esos pesos se hubieran utilizado para comprar dólares, lo que habría provocado una nueva escalada del precio de la moneda norteamericana y, por consiguiente, de la inflación. El único problema es que Alberto Fernández vuelve a tropezar con sus antiguas palabras. Cuando Mauricio Macri resolvió en agosto pasado, luego de las primarias que ganó abrumadoramente el actual oficialismo, reperfilar los vencimientos inminentes, Fernández dijo una frase inquietante: "Macri acaba de decretar el default de la deuda argentina".

Ni Macri en agosto ni Alberto Fernández ahora decidieron un default. Un default de la deuda es otra cosa. Los dos presidentes postergaron los vencimientos con fechas precisas de pago en meses próximos. Un default es un anuncio de que la deuda no se pagará sin más precisiones ni aclaraciones. Los compromisos del país quedan, por lo tanto, sujetos a futuras negociaciones con los acreedores, de las que no se sabe ni siquiera cuándo comenzarán ni, mucho menos, cuándo terminarán.

Si bien la palabra reperfilamiento es una creación argentina para eludir palabras más correctas (como postergación o reestructuración compulsiva), lo cierto es que los dos presidentes estaban imposibilitados de pagar los compromisos más cercanos. La deuda argentina es inviable en los términos en que está ahora. Por eso, hasta el Fondo Monetario está reclamando una quita del capital para los bonistas privados. Es una manera, dice, de mostrar un programa de pagos creíble, porque de otra manera el país volverá a caer en una crisis de su deuda más pronto que tarde. A los dos presidentes los une también la decisión de hacer ajustes por los ingresos del Estado, aumentándolos, y no por los egresos, porque consideraron imposible mermar el gasto público en las actuales condiciones sociales. El ajuste, entonces, es entre privados. Dinero que pasa de ciudadanos comunes a otros ciudadanos comunes. De los que producen a los que no producen.

La otra lección que deja la novedad de ayer es que el rango de confianza en el gobierno es muy bajo. Una licitación de deuda declarada desierta es una señal de los acreedores o inversores pocas veces vista. Quizá la administración de Alberto Fernández deba mostrar algo más que la decisión de pagar la deuda, una vez reestructurada, y deba mostrar el plan económico y el programa definitivo de pago de la deuda de su gobierno.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se enojó ayer con los fondos de inversión porque no le creyeron a su gobierno. Enojarse es una pérdida de tiempo. El ministro es un académico especialista en reestructuración de deuda, pero solo ahora está yendo de la teoría a la práctica. Una cosa son los experimentos en el laboratorio o en los papeles y otra cosa es verles la cara a los acreedores.

Alberto Fernández descubrió también en pocos días que Angela Merkel y Emmanuel Macron no sirven para los acreedores privados. Sirven, tal vez, para moderar las cosas en el Fondo Monetario Internacional.

A los acreedores privados no les interesa la opinión de los principales líderes europeos; ellos tienen sus propios intereses y sus propias prioridades.

El factor Cristina

A la que tampoco le interesa el Fondo Monetario es a Cristina Kirchner. O, lo que es peor, tampoco le interesa la situación de su presidente. Cuando Alberto Fernández concluía una agotadora gira europea en la que trató de hilvanar adhesiones para la posición argentina en el Fondo Monetario, Cristina no tuvo mejor ocurrencia que hablar del organismo multilateral (hablar mal, desde ya) en un evento en La Habana y delante del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que la aplaudió desde la primera fila de espectadores.

Alberto Fernández sabe que la vía más directa para llegar al Fondo es el presidente norteamericano, Donald Trump, quien, además, nombrará en las próximas semanas al subdirector ejecutivo del organismo. El subdirector que renunció, David Lipton, había sido designado por un gobierno demócrata; aceptaba los pedidos de Trump con más reticencia que disciplina. Como suele hacer Trump (que le había anticipado a Alberto Fernández su apoyo en el organismo), el próximo subdirector será un hombre leal a él. Justo en ese contexto a Cristina se le ocurre criticar al Fondo como parte de su peripecia cubana.

Trump, como ya está claro, detesta los tonos grises de la política. O no tiene ganas ni tiempo de hurgar en las diferencias entre Cristina y Alberto Fernández. Si descartamos la ingenuidad en el carácter de la expresidenta, entonces debemos concluir que hace todo lo posible por complicar la existencia de su presidente. Y esa no es la tarea que se espera de una vicepresidenta de la Nación. Quien ocupa el cargo de vicepresidente sirve por lo general al interés general de su gobierno y no a los intereses personales.

El debate por los detenidos

También fue la expresidenta la que apuró inexplicablemente una distancia con Alberto Fernández cuando no frenó a los suyos, que están proclamando que hay presos políticos en el país. En tal caso, serían presos políticos de Alberto Fernández. Lo peor para el Presidente es que no puede hacer nada para tranquilizar a los cristinistas cerriles.

Todos los exfuncionarios presos están detenidos por órdenes de jueces y solo los jueces los pueden poner en libertad. El más vehemente de los presos es Julio De Vido (que está en prisión domiciliaria, vale la pena subrayarlo, en su mansión de Zárate) porque acusó a la Casa Blanca de privarlo de la libertad o de haberle pedido tal cosa al gobierno de Alberto Fernández. No hay ninguna noticia de que Trump haya perdido el sueño por la situación de De Vido. El exministro tiene una valoración mayestática de su figura política.

De Vido desató una polémica con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que fue una manera sagaz de polemizar con Alberto Fernández. Cafiero solo hizo suya la posición del Presidente. De Vido lo sabe. Pero el exministro le preguntó a Cafiero en un tuit si diría que no hay presos políticos si Cristina Kirchner estuviera presa. ¿Qué quiso decir De Vido? ¿Acaso que si él está preso también debe estarlo Cristina? ¿Qué mensaje a Cristina llevaba implícito ese mensaje a Cafiero? También le preguntó a Cafiero si sería jefe de Gabinete en caso de que Cristina estuviera presa. Fue una manera aviesa de destratar a Alberto Fernández, porque lo que realmente dijo es que este no sería presidente sin Cristina. También es cierto que Cristina nunca hubiera llegado a presidenta por sí sola en 2019, sencillamente porque tenía más rechazo que aceptación.

El Presidente tiene razón. No hay presos políticos en la Argentina. Ni siquiera quedan ya muchos detenidos con prisión preventiva. No queda casi ninguno, salvo Lázaro Báez. Pero decir que Lázaro Báez es un preso político es pasar del absurdo al ridículo. Todos los otros presos (incluido De Vido) tienen condenas de tribunales orales que superan los tres años de cárcel y que, por lo tanto, no son excarcelables. Son los casos de Milagro Sala, de Amado Boudou y de Ricardo Jaime, por ejemplo. Esas decisiones fueron apeladas.

Los tribunales orales son una instancia decisiva. Las instancias superiores, la Cámara de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia, solo revisan lo que ya se resolvió. No tienen plazos para expedirse. Esperar esas sentencias para cumplir la pena es recurrir al precedente de Carlos Menem, sobreseído porque había pasado el "tiempo razonable".

"¿Qué me están pidiendo?", exclamó el Presidente, visiblemente molesto, en la mañana del lunes último, cuando le preguntaron por las denuncias de presos políticos. Esas denuncias las hicieron algunos ministros suyos, aunque todos ellos vienen del cristinismo. Es sencillo de responder según la lógica de Julio De Vido, que señaló que él no puede estar preso bajo un gobierno nacional y popular.

Le piden a Alberto Fernández un indulto o una ley de amnistía (esta debe pasar por el Congreso) por hechos de corrupción. El indulto o la amnistía existen para causas políticas, no para dejar libre de culpa y cargo a los que le robaron al Estado.