El Servicio Penitenciario Federal (SPF) emitió y comunicó a todas las cárceles bajo su órbita un "protocolo de detección, diagnóstico precoz, aislamiento preventivo y aislamiento sanitario", en un intento por reducir los riesgos de un contagio masivo de coronavirus en la población carcelaria.

El protocolo fija el procedimiento que deberán adoptar en cada establecimiento penitenciario federal cuando ingrese un nuevo interno, como así también cuando un recluso ya ingresado registre síntomas que puedan atribuirse al Covid19, al igual que el proceso para limpieza y desinfección de las superficies con las que haya estado en contacto el potencial infectado.

Firmado por el director del SPF, Diego Morel, el protocolo también estableció una declaración jurada que deberá completar toda persona privada de su libertad para determinar, por ejemplo, si alguna de las personas con las que se relaciona -como algún familiar que fue a visitarlo- retornó al país durante los últimos catorce días.

El nuevo procedimiento se suma a las restricciones que se dispusieron durante los últimos días para reducir los riesgos de que la población carcelaria se contagie con el coronavirus o, al menos, retrasar el momento en que se producirá su infección y su ritmo de contagio.

En esa línea, el Ministerio de Justicia dispuso primero aumentar los controles sanitarios sobre quienes visitan a los presos y detenidos en las cárceles, decisión que comenzó a aplicarse en el sistema federal y se replicó en el atestado sistema de penitenciarías bonaerenses, donde se registraron extendidos pedidos de los propios reclusos para acotar las visitas.

Días después, los cinco jueces nacionales a cargo de las ejecuciones de las condenas penales ordenaron al SPF la inmediata suspensión de todas las salidas transitorias y de los regímenes de semilibertad ya otorgados a los presos, en principio hasta el 31 de este mes.

El siguiente paso se registró el viernes pasado, cuando se dispuso la suspensión de las visitas familiares a los presos y detenidos, que se combinó con la suspensión de todas las actividades comunes que pudieran aumentar los riesgos de contagio, incluidas las educativas.

Las mayores restricciones carcelarias generaron reacciones contrapuestas entre los reclusos, tanto en el sistema federal como bonaerense. Las internas de la cárcel de Batán, por ejemplo, fueron las primeras en autolimitar sus visitas, mientras que otros plantearon su malestar por las vedas al contacto familiar y, por tanto, por no acceder a los alimentos y a otras mercaderías que les entregan cada semana.

Entre los más duros, entre tanto, a fines de la semana pasada ya se registró un intento menor de fuga, lo que desde el SPF consideraron como una señal, acorde con lo que ocurre en las cárceles de otros países ante el avance de la pandemia, como Brasil, Venezuela, Colombia y Chile.

Entre los presos, también se incrementaron los pedidos para ser excarcelados, quedar bajo arresto domiciliario o acceder a otros beneficios. Entre otros lo solicitaron el exvicepresidente Amado Boudou; el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi; el presunto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez, y decenas de detenidos por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, como así también 565 internos bonaerenses.