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Notas de Opinion y Editoriales: La impunidad del Presidente
15/11/2020 | 12 visitas
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Cristina acosa a la Justicia por sus causas de corrupción. Alberto incurre en contradicciones verbales y políticas. Por ahora nadie le hace pagar el costo. POR EDUARDO VAN DER KOOY CLARIN
Empieza a sonar como una arbitrariedad de la política que la calificación de impunidad acompañe sólo a Cristina Fernández. Se trata, a esta altura, de una percepción más amplia que rodea al vértice del poder. Un fenómeno casi sin antecedentes en los 37 años de democracia.

Está claro que la impunidad sobre la vicepresidenta alude a sus causas de corrupción de la “década ganada”. Amén de muchas evidencias, espolea dicha idea sus manejos como jefa del Senado para condicionar al Poder Judicial. Se empeña en devaluar la figura del procurador general. Pretende que sea elegido en el futuro sin los dos tercios. Golpe para el candidato de Alberto Fernández, el juez Daniel Rafecas. Devaluación, además, para los fiscales que llevarán adelante las investigaciones.
Aguarda, por otra parte, una mano de la Junta Consultiva que lidera su abogado personal, Carlos Beraldi, respecto de algún corsé para la Corte Suprema. Lo importante no sería para ella ni el número de miembros ni su actual estructura. Podría nacer un Tribunal Intermedio, ajeno a causas de constitucionalidad, que acotaría las facultades Supremas.
Aflora, sin embargo, otra acepción de impunidad en el Gobierno que incumbe a Alberto Fernández. Refiere a la oscilación de sus mensajes y declaraciones. Como si quisiera decir a cada auditorio aquello que desea escuchar. Sus opiniones políticas incurren en contradicciones flagrantes. Suceden con tanta velocidad que ni siquiera alcanzan a convertirse en relato.
Repasando las últimas décadas solo se podría hallar alguna simetría con Carlos Menem. De cuya administración, en líneas inferiores, formó parte el ahora Presidente. Buen discípulo. El caudillo riojano tuvo una ventaja. Viró en la gestión, a partir del amparo que le brindó la convertibilidad, respecto de sus dulces promesas de campaña. Pero nunca debió corregir sus opiniones acerca de la difícil herencia que recibió de Raúl Alfonsín.
A Alberto le sucedió –aún le sucede—con Cristina. Revalorizó sus dos mandatos. Al segundo, en especial, lo había etiquetado como “deplorable”. ¿Podría haber hecho una cosa distinta después de que la mujer lo ungió candidato y lo convirtió en Presidente? La impunidad verbal de Alberto, que Cambiemos resalta sólo de modo excepcional, no parece anclada al circuito del pasado.
En los últimos días sobresalió tal actitud en cuatro episodios. La reforma previsional que maquina el Gobierno. El enjuague con un grupo de intendentes del Conurbano para forzar a la Suprema Corte de Buenos Aires a que habilite reelecciones. Acotadas a dos períodos por una ley sancionada en 2016 bajo el paraguas abierto entre María Eugenia Vidal y el ahora titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. La administración de la pandemia, con resultados casi de catástrofe, que zigzaguea entre sus consejos públicos y conductas de irresponsabilidad. La salida del Gabinete de la ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa, a quien proclamó como estrella en un reportaje del 11 de octubre y desplazó un mes más tarde para dejarle la vacante al intendente ultra cristinista de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
Alberto había hecho una de sus banderas de campaña la rápida mejora de los jubilados. Repicó con un aumento del 20%. Dijo que lo financiaría dejando de pagar los intereses de las leliqs. No hizo nada de eso. Es una verdad insoslayable que a los 90 días de asumir lo fulminó la pandemia. Pero en el interín tampoco hubo siquiera una insinuación.
Alberto fue un crítico módico de la modificación de la fórmula de liquidación de haberes que, en medio de un escándalo, sancionó el macrismo en diciembre del 2017. Resultó mucho más vago al explicar la vergonzosa complicidad del kirchnerismo con la izquierda para promover una salvajada callejera e intentar quebrar la sesión de Diputados que aprobó la norma. “Cuando el peronismo está en la oposición la reacción popular suele ser fuerte", teorizó en privado.
Ahora el oficialismo va por una nueva modificación que apunta a eliminar la inflación como una variable del cálculo para los jubilados. El mismo esquema que Cristina sostuvo entre 2008 y 2015. Que el macrismo corrigió sin suerte dos años después. El alza del costo de vida es un incordio eterno. Para cualquier gobierno. Cristina decidió prescindir del dato porque el Indec de Guillermo Moreno adulteraba los números y la exponía a una discusión pública. Mauricio Macri resolvió reponerlo bajo la presunción falsa que derrotar la inflación era una tarea sencilla. El Gobierno vuelve a marginarla ahora porque lo que dice poco tiene que ver con lo que vendrá. Habrá índices inevitablemente altos (3,8% en octubre) que el descongelamiento de tarifas y alimentos terminarán de fogonear. Es el camino que imagina –junto a la eliminación de ayudas sociales-- para achicar el déficit fiscal que le permita negociar ante el Fondo Monetario Internacional.
La derivación, en todos los casos, ha sido la misma. Los jubilados fueron perjudicados. Ocurre que la raíz del problema no sería la composición de las ecuaciones. El sistema previsional está quebrado. Constituye la mitad del total del déficit fiscal que el ministro Martín Guzmán debe conversar con el FMI. Las sucesivas moratorias previsionales de Cristina –producto del oportunismo político-- ayudaron mucho a llegar al abismo.
Se duplicó el número de la clase pasiva. Fue quebrado el sentido de solidaridad del sistema donde los trabajadores activos ceden una parte de sus ingresos para financiar a los jubilados que aportaron durante su vida laboral. Los fondos disponibles disminuyeron por la caída del empleo. Ese lote de dinero debió destinarse al doble de beneficiarios. Insostenible y perjudicial para el conjunto.
En algún momento de su larga trayectoria, Alberto también fantaseó con la necesidad de renovar la política. “El peronismo debe repensarse”, pontificaba ante sus interlocutores. Parte de esa transformación, conjeturaba, radicaba en el combate al feudalismo partidario en el interior. Desde que llegó a la Casa Rosada convirtió a Gildo Insfran, 25 años ininterrumpidos a cargo del poder en Formosa, en un gobernador ejemplo. Como a Hugo Moyano, el camionero, en el universo gremial.
Mirando los trazos recientes de ese paisaje, no debe sorprender que Alberto se haya montado en una cruzada de los intendentes bonaerenses para romper el límite de las reelecciones. Se urde una presentación judicial ante la Suprema Corte de la provincia donde tres de sus seis miembros parecerían permeables. El gambito fue utilizado en otras ocasiones. Como la ley limitante fue sancionada en 2016, los barones que están en el segundo y último mandato consideran que el primero no debiera ser tenido en cuenta. El derecho podría reinventarlo todo. Aunque se trate de otro esperpento político.
La jugada tiene sus bemoles. Massa no quiere aparecer porque la ley del 2016 tuvo su impronta y exhibición política. El diputado Máximo Kirchner tampoco está conforme. Posee no menos de siete postulantes propios en el Conurbano –de La Cámpora—para sustituir a quienes debieran retirarse. Le prometieron que la excepción abarcará sólo un período más. Cuatro años. La biología ayuda a ese grupo.
¿Cuál sería el beneficio para Alberto? Contar en los años que le quedan de mandato con la complicidad de los alcaldes del PJ. En la geografía donde Cristina es más fuerte. Pese a las debilidades de gestión de su delfín, Axel Kicillof. El Presidente piensa en estos tres dificilísimos años y no soñaría con una reelección. Porque siente que el cristinismo lo va cercando. Los bastoneros que tiene ahora son Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas y ex intendente de San Martín y Juan Zabaleta, de Hurlingham.
En otros menesteres, Alberto carece de bastoneros. Su sentido común asoma flojo. Sus palabras aparecen divorciadas cada día de los hechos. La pandemia, con marea de contagios y fallecidos, desnudó la fragilidad de la estrategia sanitaria. A la cual el Presidente ayuda a dañar con comportamientos capaces de asombrar. La sobreactuación en Bolivia y Jujuy junto a Evo Morales careció de importancia política. Expuso la ausencia de compromiso del mandatario y su equipo que reclamó y reclama –muchas veces en tono severo- a la sociedad. Cena en un lugar cerrado con más de 20 personas sin barbijo ni distanciamiento. Abrazo efusivo con Evo en la frontera como si el mundo viviera la normalidad. Alberto terminó confinado en Olivos por el contagio del secretario Gustavo Beliz. El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que es improbable que el Presidente pueda cumplir con dicho aislamiento. Insólito.
Ginés figura entre los funcionarios que Cristina considera que no funcionan. También Miguel Pesce, el titular del Banco Central, cuyo sillón podría ocuparlo la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Al ente recaudador iría un hombre de Ricardo Echegaray, que trabaja allí en las sombras. Bielsa fue la primer castigada, después de aquella carta de la vicepresidenta.
Nunca tuvo buena sintonía con Cristina. Concretaron en persona dos discusiones apoteósicas. La ex ministra nunca ocultó su desagrado por la pasada corrupción del kirchnerismo. Su reemplazante, Ferraresi, fue socio político de José López, el de los bolsos llenos de millones, ex secretario de Obras Públicas. Paradojas.
La salida de Bielsa desnudaría también dos contradicciones. La arquitecta incursiona con recurrencia en un ecosistema político al cual le cuesta pertenecer. La vicepresidenta reinterpretó su propia carta. En ella, machacó con que el único que manda es el Presidente.

POR EDUARDO VAN DER KOOY
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