En el caso que nos ocupa, dirigentes del radicalismo cazaron al vuelo la aparente contradicción de González García y no dudaron en poner en evidencia las dudas que el propio oficialismo deja traslucir desde el momento en que puso sobre el tapete la discusión sobre el futuro de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), previstas por ley para el segundo domingo de agosto de este año.
“Si el Gobierno pudiera, si dependiera solo del peronismo, no se vota este año, porque la percepción es que los números no le dan bien al oficialismo”, enfatizó el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, quien recordó que, en 2020, fueron elegidas autoridades mediante el voto en numerosos países, a pesar de la pandemia.
Se han escuchado también argumentos económicos para suspender las PASO en 2021. Y podrían no sonar descabellados, si se tiene en cuenta que, en las primarias de 2019, el Estado gastó alrededor de 4000 millones de pesos de entonces para una elección en la que prácticamente no hubo competencia interna, por cuanto la mayoría de las fuerzas políticas eligió a dedo a sus candidatos. Pero curiosamente nadie en la coalición gobernante ha pensado en una alternativa mucho más sana y contundente para ahorrarle dinero al erario público, como la adopción de la boleta única en papel. Esta iniciativa haría desaparecer las boletas de cada partido y el ciudadano sufragaría marcando los candidatos de su preferencia en una única boleta común a todas las agrupaciones.
El proyecto de la boleta única ha sido impulsado por distintas organizaciones de la sociedad civil, como Cippec, pero también por legisladores como el radical Facundo Suárez Lastra y el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, para quien este sistema generaría un ahorro del 75% respecto del actual, ya que simplificaría los procesos de diseño, impresión, transporte, distribución, reposición y recuento. Asimismo, garantizaría la transparencia del acto electoral, al impedir vicios de la vieja política asociados al clientelismo y el robo de boletas electorales.
Así como la suspensión de las PASO podría convenirles a gobernadores e intendentes peronistas que lideran sus territorios y dominan las estructuras partidarias, esta opción es resistida por agrupaciones como La Cámpora que, bajo la conducción de Máximo Kirchner, aspiran a extender su poder en todo el país y, en particular, en la provincia de Buenos Aires. De ahí que hayan comenzado a barajarse otras alternativas, tales como el diferimiento de la fecha de las PASO y de las elecciones generales para septiembre y noviembre, respectivamente, o la posibilidad de que ambos actos electorales coincidan en la misma fecha. Esta última opción, disparatada para muchos, engendraría una suerte de ley de lemas y ha recibido furibundas críticas tanto en la oposición como entre especialistas en derecho constitucional.
En las últimas horas, se escuchó también la idea de que solo haya primarias abiertas en aquellas fuerzas políticas en las que se presente más de una lista de precandidatos. Es decir, en aquellas en las que haya genuina competencia interna. El problema es que las PASO no solo sirven para seleccionar candidatos en cada partido, sino también para determinar si una fuerza política obtiene el piso de votos exigido para poder participar en los comicios generales. Es decir que funciona como una ronda eliminatoria que deja fuera de la competencia final a los partidos que no alcancen el 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito del que se trate.