La estrategia comunicacional de Cristina Kirchner intenta plantear en su defensa que la corrupción está en todas partes y, si todos somos corruptos, nadie es corrupto. Ese razonamiento perverso conduciría a pensar que los equivocados son, entonces, un conjunto de jueces y fiscales díscolos que, junto a determinados sectores políticos y mediáticos, pretenden someterla a una suerte de “pelotón de fusilamiento”. ¿Cómo se resolvería este problema de acuerdo con la lógica cristinista? Echando a todos los jueces que podrían serle adversos –la más autocrática de las salidas– o bien mediante una “solución” política, que puede pasar por una ley de aministía general o por un indulto presidencial. No es esto último lo que desearía la vicepresidenta de la Nación, pero la dinámica del avance de la Justicia podría llevar hacia la exploración de ese camino.

El hecho de que la alternativa de un indulto presidencial haya vuelto a barajarse, aun cuando sea detestada por Cristina Kirchner, da cuenta del nivel de desesperación que cunde en el kirchnerismo tras el alegato del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, que pidió una pena de 12 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta como eventual jefa de una asociación ilícita que direccionaba la adjudicación de obras públicas a favor de las empresas de Lázaro Báez.

De hecho, si bien el presidente Alberto Fernández, anteanoche, en la entrevista que concedió al programa A dos voces, reiteró conceptos que había expresado en 2019, en plena campaña electoral, en el sentido de que los indultos “son una rémora de la monarquía” con los que no está de acuerdo, dejó abierta una puerta para su aplicación al juzgar que “nuestra Justicia parece más la de una monarquía que la de una democracia” y subrayar que el juicio a Cristina Kirchner por la causa Vialidad “es un disparate”.

Tanto el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, ferviente defensor de Cristina Kirchner, como el abogado Eduardo Barcesat, han opinado que el indulto presidencial sería la alternativa más adecuada para resolver la situación de la vicepresidenta.

Pero las opiniones están divididas a la hora de determinar en qué momentos y situaciones puede adoptarse el perdón presidencial. El artículo 99, inciso 5, de la Constitución Nacional determina que el Poder Ejecutivo “puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados”. Puede interpretarse que, para que haya un indulto, debería existir previamente una condena judicial. Sin embargo, hay antecedentes de otras épocas en los que la Corte Suprema no consideró inconstitucionales ciertos indultos aplicados por el presidente Carlos Menem en favor de procesados sin sentencia firme.

Otra situación que despierta serias dudas sobre la constitucionalidad de un indulto a alguien condenado por cuestiones tales como las que se le imputan a Cristina Kirchner se deriva del artículo 36 de la Constitución, que determina que quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento será inhabilitado para ocupar cargos públicos, al tiempo que quedará excluido de los beneficios del indulto y la conmutacion de penas. De este modo, las personas condenadas por delitos de corrupción pública no podrían ser indultados, como sostienen constitucionalistas como Félix Lonigro y Andrés Gil Domínguez.

Existe más coincidencia en que una ley de amnistía, sancionada por el Congreso de la Nación, podría ser un camino. Solo que, en este caso, haría falta un acuerdo entre el oficialismo y buena parte de la oposición del que hoy se está lejos.

Interviene aquí, como paso tendiente a posibilitar un acuerdo con la oposición, la alternativa de que avancen otras causas judiciales que tengan como blanco a Mauricio Macri o a exfuncionarios de su gobierno. Esto podría a ayudar a que no solo el kirchnerismo, sino también el macrismo, se vea acorralado judicialmente y pueda verse impelido a buscar una amnistía general, fundada en la necesidad de pacificar el país y dejar atrás amargos hechos.

No parece casual que, en la reciente entrevista periodística que concedió, el Presidente haya enfatizado que Macri tendría que estar rindiendo cuentas por muchos asuntos, entre los cuales mencionó el crecimiento de la deuda pública, los parques eólicos, el Correo Argentino y los peajes.

En su reciente monólogo ante las cámaras, Cristina Kirchner develó una estrategia en la que podrían distinguirse cinco ejes:

• La existencia de un principio de reconocimiento de que pudo haber hechos de corrupción en su gobierno, de los que responsabilizó fundamentalmente a su secretario de Obras Públicas, José López, pero en los que ella se considera completamente ajena.
• Persuadir a todo el mundo de que la corrupción anida en todos lados, incluyendo a Mauricio Macri y a empresarios amigos del expresidente, con Nicolás Caputo a la cabeza. “Cuando Luciani dice que si aprieta sale pus, es de ustedes, los macristas”, afirmó la vicepresidenta. Pero en la volteada, cayó también su fallecido esposo Néstor Kirchner por concederle al Grupo Clarín, después de distintas reuniones con Héctor Magnetto, la fusión de Cablevisión con Multicanal poco antes de terminar su mandato presidencial, en 2007. La vicepresidenta había sugerido, en una anterior entrevista, que el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, habría sido el impulsor de esta medida que ella dijo rechazar.
• Seguir “apretando” a los jueces, incluso con argumentos estériles, como cuando denostó a uno de los magistrados que deben juzgarla en la causa Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu, por el simple hecho de ser hijo de un capitán de fragata retirado, que prestó servicios en la Casa Militar de la Presidencia de la Nacion durante los gobiernos de facto de Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone. Un manotazo propio de una ahogada, que tal vez debería recordar que su cuñada Alicia Kirchner fue secretaria de Asuntos Comunitarios en Santa Cruz durante las intervenciones dispuestas por el régimen militar a la provincia.
• Convencer a todos, aunque sin rebatir las numerosas pruebas aportadas por el fiscal Luciani, que hay una persecucion judicial, política y mediática contra ella, dirigida a proscribirla en las próximas elecciones. Se trata de un argumento endeble, por cuanto difícilmente haya una sentencia firme desde aquí hasta la fecha de las próximas elecciones nacionales, que se desarrollarán entre agosto y octubre de 2023. Así, aun cuando fuera condenada hacia fines de año en la causa Vialidad, como se prevé, Cristina Kirchner no iría presa y podría ser hasta candidata presidencial, pues tendrá la posibilidad de apelar la sentencia ante instancias judiciales superiores a la del tribunal oral que la juzga.
• Por último, obtener una masa crítica de apoyo político que se traduzca en movilizaciones callejeras tendientes a presionar sobre la Justicia. Un recurso al que el propio Alberto Fernández le hizo recientemente un guiño.