Tras un debate sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua que se llevó a cabo en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, 46 países firmaron una declaración conjunta en la cual instaron al régimen de Daniel Ortega a poner fin a la represión y a liberar a los presos políticos.

En el plenario presidido por el argentino Federico Villegas Beltrán, la Argentina condenó las detenciones arbitrarias y solicitó restablecer los derechos y las libertades fundamentales y el Estado de Derecho en Nicaragua. Sin embargo, en una actitud claramente ambivalente, la representación argentina no se sumó a la condena de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, España e Italia, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia y Perú, entre otros.

En el documento que nuestro país decidió no acompañar se reclamaron medidas concretas para promover y proteger los derechos humanos violentados por el dictador Ortega, instando a que, sin demora, Nicaragua reestablezca el diálogo nacional. También, y en vista de las elecciones municipales de noviembre próximo, los países firmantes manifestaron su preocupación por no haberse tenido en cuenta las recomendaciones internacionales para reformar el organismo electoral nicaragüense.

Con tono enérgico, el escrito condenó, además, la falta de responsabilidad y rendición de cuentas de las obligaciones internacionales, así como el autoaislamiento de las autoridades de Nicaragua.

El régimen nicaragüense ha continuado violando los derechos de reunión y asociación y la libertad religiosa. Solo este año ha cancelado la personería jurídica de 1112 organizaciones de derechos humanos y asociaciones profesionales, incluidas asociaciones médicas. Doce universidades también han visto cancelada su personería jurídica, en una clara violación al derecho a la educación.

Cerca de 200 personas siguen en detención arbitraria, la mitad encarceladas en el contexto electoral de 2021, quienes además de sufrir torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de forma permanente fueron condenadas, algunas hasta a 13 años de prisión, en juicios que no respetaron la garantía del debido proceso.

La libertad de prensa también ha sido violentada con la clausura de veinte estaciones de radio y televisión en lo que va de 2022, la mayor parte de ellas de carácter religioso, mientras que personal del mayor periódico del país ha tenido que exiliarse. Ellos se suman a los más de 100 periodistas que han huido del país desde 2018.

La posición asumida por la Argentina en esta ocasión respecto a la situación en Nicaragua ha sido más condenatoria que en otras oportunidades, en las que el recurso de invocar el principio de no intervención fue utilizado para evitar pronunciamientos que pudieran molestar a los amigos internos y externos del Gobierno. Pero ante la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que se han cometido y se cometen de la mano del dictador Ortega y su mujer Rosario Murillo no cabe más que una condena firme y expresa de la comunidad internacional como la que se pronunció recientemente en la ONU, y no una tibia manifestación solitaria, que si bien condenatoria, confunde y deja a la Argentina en deuda con los organismos internacionales las libertades alineándonos una vez más en el sector equivocado del tablero.