La Misión Internacional Independiente de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela, a cargo de la jurista Marta Valiñas, presentó recientemente su tercer informe anual, el cual se centró en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden al dictador Nicolás Maduro.

Las conclusiones del reporte resultan aterradoras y demuestran el papel del Servicio Bolivariano de inteligencia (Sebin) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para llevar a cabo estos atropellos en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al gobierno, incluso mediante la comisión de torturas, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad.

La misión documentó 122 casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por agentes de la Dgcim desde 2014 hasta la actualidad. Entre los métodos de tortura utilizados figuran palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica, como la “tortura blanca”, que consiste en extrema privación sensorial y aislamiento.

Si bien el listado de agresiones y crímenes cometidos por distintas fuerzas represivas y funcionarios venezolanos es algo de sobra conocido, lo más revelador del informe está en la minuciosidad de las investigaciones, el detalle con que expone los mecanismos utilizados en la represión, la identificación de responsables y la revelación de una cadena de mando de las torturas, vejaciones y crímenes, que remite hasta las más altas instancias del régimen.

La misión de la ONU cita a Maduro y a Diosdado Cabello, número dos de jefe del Estado, como origen de las órdenes para identificar a algunos de los detenidos por el Sebin, al señalar que los servicios de inteligencia “han torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos dirigentes políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos- principalmente en el centro de detención El Helicoide”, en la capital venezolana.

Frente a la contundencia del informe y contrariando posiciones anteriores, desde nuestro gobierno han adelantado que la Argentina votará a favor para que no se interrumpa el trabajo de la misión que investiga las violaciones a los derechos humanos, a pesar del renovado pedido para que se levanten los “inaceptables bloqueos” contra Cuba y Venezuela, formulado por el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea General de la ONU.

Las violaciones documentadas constituyen crímenes de lesa humanidad que formaron y siguen formando parte de una política deliberada del régimen para silenciar y sofocar a la oposición. La impunidad ha sido, hasta ahora, uno de los rasgos más indignantes de la dictadura de Maduro. Es hora de que se le ponga fin a tamaña aberración y de encontrar y castigar a los responsables.