La decisión de los senadores que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner de insistir en la designación del legislador oficialista Martín Doñate como representante de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura ha cruzado todo límite. Ya no se trata de un conflicto entre los poderes Legislativo y Judicial o de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Al desobedecer el Senado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había revocado el decreto parlamentario por medio del cual el oficialismo le arrebató un escaño a la oposición mediante una grosera artimaña, han gestado un alzamiento contra la propia Constitución nacional.

El fallo de la Corte había sido tan claro como contundente respecto de la ilegal maniobra inicial de la vicepresidenta para que su sector político se hiciera de una banca más en el órgano encargado de la selección y destitución de jueces. Entre otros conceptos, la Corte sostuvo que el oficialismo en el Senado había recurrido a un “artilugio” con el fin de arrebatarle la representación que correspondía al bloque Pro, cuyo candidato a ocupar ese escaño era el senador Luis Juez.

Anteayer, en un recinto semivacío por la ausencia en masa de la oposición, el oficialismo consiguió quorum con la ayuda de unos pocos aliados y logró insistir en la designación de Doñate haciendo caso omiso del fallo de la Corte. Fuera del recinto, la oposición denunció otro “atropello institucional” y anunció que recurrirá nuevamente a la Justicia. Entre los fundamentos de su decisión, Juntos por el Cambio denunció otras varias anomalías, como haber usado el oficialismo la convocatoria a una sesión especial con el fin de tratar el presupuesto para introducir artera y subrepticiamente la insistencia en designar para la Magistratura a quien la Corte ya había rechazado.

La “jugada” kirchnerista, celebrada por varios de los amanuenses de la vicepresidenta, debe más bien lamentarse y encender las alarmas. Es una abierta desobediencia a otro poder del Estado en ejercicio del debido control de constitucionalidad y a la propia ley del Consejo de la Magistratura, lo cual constituye otro verdadero despropósito institucional, un hecho de gravedad inusitada en el orden nacional.

Con ese proceder, el kirchnerismo vuelve a demostrar su nulo apego a la legalidad como quedó evidenciado durante la gestión de Néstor Kirchner como gobernador de Santa Cruz, quien desoyó no una sino varias órdenes del más alto tribunal para reponer en su cargo al procurador general ante el Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, Eduardo Sosa. No solo no lo restituyó, sino que hizo desaparecer ese puesto clave para no tener que cumplir la orden judicial.

Fue una carrera contra reloj la de la última afrenta a la Justicia de parte del kirchnerismo senatorial. La propuesta de Juez como candidato por parte de la oposición fue anterior a que Cristina Kirchner forzara la división de su bloque para imponer un cambio en la representación de las minorías. Es decir, en vez de comunicar al Consejo el pertinente nombramiento de Juez para ocupar la vacancia, el kirchnerismo dividió en dos su entonces bloque mayoritario, aun cuando declaró que de allí en más ambos grupos funcionarían como un “interbloque”. El resultado de la burda trampa, ejecutada incluso de forma extemporánea, fue que de los lugares asignados al sector mayoritario del Senado (correspondiendo los restantes, según la ley, a la primera y segunda minoría respectivamente), derivó en que aquella bancada terminara quedándose con tres de un total de cuatro sillas en el Consejo.

En su sentencia, la Corte había enfatizado la importancia de la “buena fe constitucional” y la necesidad de evitar un “ejercicio abusivo de las normas que regulan el poder público”. También, en que el ejercicio que otro poder del Estado hace de sus potestades propias “nunca significó una patente de corso para burlar el debido proceso parlamentario”. Es que, como también lo hizo notar la Corte, es claro que no había existido ninguna nueva elección legislativa que modificara la composición de la Cámara.

Esto es, en suma, lo realmente grave. Se recurrió a un verdadero ardid y la Corte Suprema se vio obligada a destinar sus recursos y tiempo a desbaratarlo al avanzar con tomar juramento a los nuevos integrantes a lo que siguió una insistencia en la inconducta de la Cámara alta.

Está visto que el desapego por las normas institucionales de quienes conducen los destinos de la república en pos de instalar un régimen a la medida de sus necesidades de impunidad no encuentra límite. Será tarea de todos los sectores de la oposición coordinar una estrategia para enfrentar debidamente estos abusos. Cuentan para ello con al aval de una ciudadanía que reclama de sus políticos el compromiso y el patriotismo que la situación demanda.