Las cartas están sobre la mesa. Si hay algo que queda claro es que el juicio político que se promueve contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una mezcla de mamarracho jurídico con pantomima macartista, que devendrá farsa.

Del extenso documento acusatorio surge una línea argumental demasiado pobre. Los fundamentos constitucionales para sostener el mal desempeño del cargo son dos: la Corte habría violado la división de poderes y el sistema federal. El apoyo probatorio es lastimoso: dos sentencias del tribunal; declaraciones de su presidente en un evento en Catamarca, y conversaciones digitales entre terceros (no los acusados) obtenidas ilegítimamente.

Eso es todo. 85 páginas de naderías y lo demás, para llegar a 410, anexos con los fallos, fotografías fuera de foco de artículos de diario y la reproducción de lo firmado por el presidente de la Nación y algunos gobernadores.

El propósito es claro, con una mezcla de fundamento tradicional y una pizca de originalidad populista. Sería algo así: el juicio político no es un juicio, por lo mismo que es político. Y aquí la picardía: no aplicarían los parámetros típicos del debido proceso, ya que la flexibilidad acusatoria y procesal es máxima, por aquello de que es político. Y aquí viene lo mejor desde la (a)juridicidad: el juicio político, se sostiene, es el “único mecanismo aplicable para el juzgamiento del desempeño ante la sociedad…”; y encarna “el justo derecho del estado de desprenderse (sic) de funcionarios”.

En la mirada acusadora, el juicio político sería un juicio ante la sociedad, una suerte de proceso público al mejor estilo de la Florencia de Savonarola, para desprenderse de funcionarios. Justicia plebiscitaria para el máximo tribunal de justicia, como la del triunfo de Barrabás sobre Cristo. Sin argumentos técnicos, serios y menos sólidos; sin garantías procesales. Total, es un juicio político.

Para completar el panorama, marcando un hito para la poca seriedad institucional: ampliación de la Corte “con perspectiva de género”, más una sentencia del tribunal supremo de hace algunos años por una causa de “lesa humanidad”; y a ese popurrí, le agregamos una pizca de citaciones como testigos vinculados con esos dos temas, para darle un barniz de lucha moderna y posmoderna: Garzón, Pietragalla, Zaffaroni, Abuelas, Madres e Hijos de Plaza de Mayo, el CELS y hasta Familiares y Compañeros de los 12 de Santa Cruz, para juzgar el desempeño de la Corte.

Conceptos con olor a naftalina, lo mismo que sus ideólogos disfrazados de testigos. Todo para atacar el corazón del sistema, justo aquello que dicen defender: la división de poderes y la independencia de la justicia, en un intento por deslegitimarla, a sabiendas de que su autoridad depende del respeto a sus sentencias.

Como ya se sabe, los que más van a sufrir este año son el sistema institucional y el estado de derecho, con cada conejo de desesperación que saquen de la galera a medida que los tiempos se aceleran. A defenderlos, porque es mucho lo que está en juego.