Una legislación laboral obsoleta que no responde a las necesidades del presente es uno de los mayores obstáculos a la hora de aumentar el número de empleos formales. Llevamos años de saber que esto es así, pero cualquier reforma debe atravesar no solo el umbral de la lógica, sino, por sobre todo, el que impone un gremialismo atávico más acostumbrado a defender los privilegios de sus dirigentes que los derechos de millones de trabajadores para quienes no hay empleos.

A esto se suma que muchas normas van siempre detrás de los avances tecnológicos. Una iniciativa del Frente de Todos propuso crear un registro de repartidores que trabajan a través de plataformas digitales, otorgando preocupantes atribuciones a un Poder Ejecutivo siempre empeñado en entorpecer el libre desempeño de numerosos actores, inventando absurdas regulaciones para imponer cobros abusivos. Lejos de contribuir a generar trabajo genuino, su creatividad solo persigue esquilmar a quien pueda sumar un peso para sostener lo que ellos dilapidan.

El impulsor del proyecto es el senador bonaerense del Frente de Todos Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Vendedores de Diarios de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. La propuesta –aprobada ya por el Senado provincial– podría conducir a forzar una relación de dependencia que inquieta tanto a los eventuales empleados como a las dos empresas empleadoras. Recordemos que nuestra complicada economía ya eyectó del mercado a algunas otras operadoras.

Cinco comisiones legislativas habían sido convocadas y, dada la mayoría con que cuenta el Frente de Todos, el proyecto pudo haber terminado aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados del 18 de abril pasado. Pero el crecimiento de la controversia sobre la iniciativa y el fuerte rechazo que manifestaron tanto los sectores afectados como la oposición política decidieron al oficialismo a posponer la votación y no someterse a un lógico desgaste.

Los propios involucrados lanzaron una convocatoria para ese día frente a la Legislatura en defensa de su fuente de ingresos. La situación afecta a unos 25.000 repartidores sumamente preocupados por la posibilidad de ver modificadas sus condiciones laborales, con fuerte impacto también sobre establecimientos gastronómicos que recurren a sus servicios de distribución.

El proyecto establece como atribución del Ejecutivo “controlar las condiciones del servicio y el efectivo cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva esta actividad”. En cuanto a los horarios de trabajo, también se plantea la obligación de que los empleadores “denuncien el horario de conexión y desconexión que integran la jornada de las trabajadoras y trabajadores”. Es ese precisamente uno de los puntos más conflictivos. Una de las importantes ventajas de su labor que destacan los repartidores es la posibilidad de trabajar la cantidad de horas que desean, distribuyéndolas a lo largo del día o de la noche, según su propia conveniencia. Algunos complementan así arriba de un rodado propio el ingreso por otro trabajo, como los choferes de otras apps. Muchos estudian y eligen cuándo trabajar; saben que podrán contar con días para exámenes y estudio según requieran y entienden que la paga que reciben es razonable, sobre todo cuando se la compara con otras tareas de mayor carga horaria. Por eso, que solo se consideren supuestas condiciones de explotación laboral por parte de las empresas parece dejar afuera el interés de los propios repartidores, muchos de los cuales se encuentran inscriptos como autónomos.

Nadie discute que la falta de regulación del empleo en plataformas digitales, tal como viene también ocurriendo con otros servicios como Uber, deja margen para la precarización laboral. Pero que en estos momentos, de buenas a primeras, quienes gobiernan se planteen introducir estos cambios, sin mínimamente haber consultado a los involucrados, solo confirma su persistente voluntad de destruir todo aquello que de alguna forma funciona sin medir consecuencias. Llegar a razonables soluciones intermedias como las que encontraron otros países con encuadramientos que brindan al trabajador protección lleva tiempo.

No es la primera vez que la voracidad gremial pretende montarse sobre las ganancias o beneficios de otros. Allí donde hay chances de armar una caja, habrá un sindicalista, un Plaini, un miembro del clan Moyano, entre otros, enriquecidos a costa del esfuerzo de sus trabajadores, tejiendo redes de empresas y beneficios que se entrecruzan y que involucran a familias enteras por más de una generación. Son los mismos dirigentes que, en un país que registra a casi la mitad de la población debajo de la línea de pobreza, han sabido guardar un conveniente silencio durante demasiado tiempo. ¿Es que algún trabajador puede realmente sentirse representado por tantos impresentables?

Cuando las papas ya queman demasiado, cuando la fractura se agrava y la rebeldía ante el poder constituido abre nuevos e inesperados cauces, alzan la voz. Con advertencias al Gobierno frente a un escenario de “inestabilidad” y “descomposición social” plantean sus demandas y convocan a un gran consenso, al que violentos personajes como Mario Manrique, del Sindicato de Mecánicos (Smata), claramente no adhieren cuando amenazan con prender fuego a los empresarios.

Mientras tanto, quienes solo desean trabajar ven defraudadas sus expectativas y amenazadas sus posibilidades por los iluminados de siempre. Para generar empleo genuino y superar paulatinamente los altísimos índices de informalidad, la reforma laboral resulta impostergable. Se trata de un debate que la realidad sigue confirmando que le queda grande a este sindicalismo mafioso, renuente a buscar reales beneficios para sus representados y aferrados a sus millonarios privilegios.