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Notas de Opinion y Editoriales: La “guerra santa” de Milei y el fuego de Bullrich
11/02/2024 | 49 visitas
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La caída de la Ley Ómnibus en Diputados impulsó al Presidente a multiplicar su apuesta. Cargó contra el Congreso y los gobernadores con formas inquietantes. Y echó a dos funcionarios. En la interna libertaria que arde, gana influencia la ministra de Seguridad. EDUARDO VAN DER KOOY CLARIN

Javier Milei emitió la última semana dos señales bien contradictorias. Ratificó la determinación de llevar adelante los cambios profundos en la Argentina que prometió en la campaña electoral que lo coronó mandatario. Sembró también más interrogantes de los que ya existían sobre el mecanismo que terminará utilizando para ejecutarlos. Como hará para combinar la gobernabilidad con un modo de gestión que resulte eficiente.

Ambas cosas, por el momento, circulan en una nebulosa. Después del fracaso para que la “Ley Omnibus” fuera aprobada en Diputados inició otro experimento. El de proseguir su flamante administración enfrentando al sistema político. Descalificó al Congreso y lanzó una ofensiva contra los gobernadores. De los 24 existentes, ninguno le pertenece. No habría reparado en que aquella derrota mucho tuvo que ver además con un formato de toma de decisiones en el poder que no estaría funcionando. El personalismo atenta contra las posibilidades de un equipo ministerial también invertebrado, responsable de explorar los caminos institucionales áridos para un oficialismo que carece de experiencia.

Después del último desembolso de U$S4700 millones, el Fondo Monetario Internacional (FMI), amén de respaldar el plan de Milei, formuló tres consideraciones. Sostuvo que la estabilización será compleja. Recomendó la conveniencia de generar apoyos sociales y políticos para apuntalarla a través de una comunicación clara y una asistencia a los sectores postergados.


El Presidente parece haber echado por ahora ancla en la comunicación. Habría en ese terreno una llamativa similitud con las prácticas que durante décadas puso en marcha en kirchnerismo. La información imprescindible se transforma con demasiada frecuencia en relato. El conocido desacople entre los hechos y la realidad. Se descubre otro rasgo familiar: la virulencia verbal con que se opera sobre una sociedad desmembrada, sufrida y sin noción cierta de un destino, al margen de la proclama de cambio que emerge del Gobierno. Asomaría difícil, de ese modo, consolidar en el tiempo el respaldo del 56% cosechado en el balotaje.

Después del fracaso en Diputados Milei pareció regresar a las fuentes de la campaña electoral. Sostuvo que “la casta” volvió a ser el obstáculo para sus planes. Habló nuevamente de la supuesta dolarización por consejo de Domingo Cavallo. Fueron los imanes con los cuales el año pasado atrajo la marea de votos. Contó, sobre todo con aquel primer argumento, con una facilidad: la oposición que se presta a colaborar (PRO, radicalismo y Hacemos Coalición Federal) está sumida en una doble crisis. Permanece huérfana de liderazgo. Vivió la caída de la “Ley Omnibus” con un nivel de culpabilidad pública y privada que ayudó a disimular la mala praxis del Gobierno. Ha sido un round, en ese aspecto, ganado por el Presidente.

La estratagema podría ser, sin embargo, de alcance corto. Mantiene vigencia porque transcurrieron apenas dos meses de gobierno. Pero en un plazo razonable empezaría a vaciarse quizás de efectividad. La sociedad exigirá finalmente resultados tangibles a Milei. Dejando paulatinamente de reparar en lo que la “maldita casta” pueda hacer o dejar de hacer.

En la última comunicación-relato oficial, por otra parte, afloraron palabras y modales que sólo aportan hostilidad a una convivencia que hace rato se ha tornado tóxica en la Argentina. En ese ecosistema influyen también la intransigencia kirchnerista y las provocaciones callejeras de la izquierda. El propio Milei desempolvó los calificativos de “antipueblo”, “delincuentes” “coimeros” y “traidores” para los opositores que, a juicio suyo, provocaron el porrazo de la “Ley Omnibus”.

Retornando a las analogías con el pasado, el Presidente ayudó a reproducir escenas que tuvieron en su tiempo el sello fundacional del kirchnerismo. Difundió listas de diputados “leales” y las fotos de los que consideró “traidores”. Difícil no emparentar esa práctica con aquellos enjuiciamientos públicos realizados en el segundo mandato de Cristina Fernández contra periodistas, políticos o empresarios, a quienes suponía conspiradores del proyecto “nacional y popular”.

La historia parlamentaria del mega proyecto concluyó como era imaginable que ocurriría. Por una doble equivocación en su origen. Ningún cambio del sistema económico del país, en declive desde hace más de 50 años, puede realizarse de un golpe con la aprobación de 668 artículos. Menos respetando los pasos y los tiempos que demandan el tránsito institucional. La revolución es otra cosa. El desenfoque del Gobierno lo empujó a otro error. Apurar un dictamen de mayoría, sólo para competir en el imaginario público con la huelga de la Confederación General del Trabajo (CGT) del 14 de enero. Aquel triunfo lo obtuvo con 55 votos, aunque 33 en disidencia. Anticipo de lo que ocurriría con la votación en particular.

El desconocimiento emergió también en hechos puntuales e incluso en interpretaciones. El Presidente ordenó desde Israel que el proyecto volviera a comisión sin que nadie le advirtiera que significaba estacionarse en el mojón cero. El titular del bloque, Oscar Zago, aceptó desconocer ese aspecto del reglamento parlamentario. Santiago Caputo, el joven asesor que hizo de correo con Milei en el exterior, ignora esos y otros vericuetos. No tendría por qué saberlos. El interrogante consiste en descubrir los motivos de decisiones inopinadas en un contexto de tanta precariedad.

Otro asunto sería la lectura lineal que hace el oficialismo sobre el comportamiento de los diputados de los bloques que colaboran y su relación con los gobernadores. Se achacó al neuquino Rolando Figueroa haber enviado a un legislador de su provincia a votar en contra. No fue así: Zago debió pedirle disculpas públicas. Un cargo similar cayó sobre Maximiliano Pullaro, el mandatario de Santa Fe, desconociendo que en esa provincia gobierna una coalición heterogénea. Los radicales santafesinos acompañaron el mega proyecto. Gabriel Chumpitaz, del PRO, se ausentó en varios momentos. Los socialistas castigaron. Celebraron el epílogo junto al kirchnerismo.

Tal vez Milei no reparó para intentar comprender ese conjunto en una maniobra propia que le permitió arrebatar tres votos de diputados tucumanos aportados por el gobernador peronista Osvaldo Jaldo. Otros dos, del total de cinco, responden al ex gobernador Juan Manzur. Aquella captura resultó posible con una concesión: permitió, pese a su ideario económico liberal, el mantenimiento de la protección a la industria azucarera. Manual básico de la política.

El enredo con Córdoba resultó aún mayor. Milei despidió al titular de la ANSeS, Osvaldo Giordano, porque su esposa, la diputada Alejandra Torres, votó negativamente varios artículos. Al tacho el principio libertario de no pensar nunca en manada. El gobernador cordobés es Martín Llaryora, aunque ambos fueron recomendados por Juan Schiaretti. También rodó la cabeza de Flavia Royón, ligada al manadario massista de Salta, Gustavo Sáenz, cuyos diputados para el mileísmo fueron desertores.

¿Será el inicio de una depuración más profunda? Esa posibilidad convirtió a la interna libertaria en un hervidero. El bloque de diputados está quebrado. Patricia Bullrich promueve más oxigenación y firmeza. Viene sumando influencia. Su mirada coincide ahora con la de Mauricio Macri. La pelea por la titularidad del PRO ha quedado en pausa. Desconfía del ministro del Interior, Guillermo Francos, por haber arrimado a Daniel Scioli. ¿El aún embjador en Brasil podrá asumir en Turismo si progresa algún pacto con el PRO? Opina, además, que a partir de marzo el mcrismo y los libertarios debieran confluir en un solo bloque en Diputados. ¿Con Cristian Ritondo en reemplazo de Martín Menem en la jefatura de la Cámara?

Luis Caputo pareció mantenerse ajeno a los corcoveos de la política. Arriesgo en medio del fuego cruzado que la “Ley Omnibus” no resulta imprescindible. Cree tener los resquicios necesarios para seguir implementado el ajuste. El primero lo encontró con la venia de Milei: el recorte de los subsidios al transporte en todas las provincias. Las más afectadas serán Córdoba y Santa Fe. Los perjudicados políticos resultarán también los intendentes de los grandes centros urbanos.

El conflicto tuvo otra vez vínculo con Córdoba. Fue comunicado por el secretario de Transporte, Franco Mogetta. Un funcionario que también llegó por consejo de Schiaretti. El gobernador Llaryora prefirió no escalar la discusión y dejó para el frente de batalla a los alcaldes de la ciudad capital y San Francisco. Firmaron una declaración muy crítica con otros 45 pares del interior.


El recorte solo profundizaría las inequidades que existen en aquel terreno. Los subsidios al transporte en el interior representan el 15% del total. Unos $100 mil millones. El 85% restante corresponde al AMBA que, de acuerdo con la información del Gobierno, se mantendría “con correcciones”. La apelación al beneficio que significaría la tarjeta SUBE resulta relativa. Funciona solo en 60 ciudades del interior.

La urgencia por achicar el déficit impulsa al Gobierno, tal vez, a tomar medidas apuradas. Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, se empeña noblemente en liquidar el negocio de las organizaciones sociales con la distribución de alimentos. Pero aletarga el presente: se reunió la última semana con Caritas y una entidad de la Iglesia Evangélica para que se involucren en el tema.

Desde Israel, en su gira política-religiosa, el Presidente compartió en redes, en hebreo, un pasaje de la Biblia que describe como “ardió la ira de Moises”. Un gobernador apuntado por los libertarios distribuyó ese detalle entre sus colegas. Parece temprano y riesgoso imaginar en la Argentina las vísperas de una “guerra santa”.

EDUARDO VAN DER KOOY


CLARIN

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