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Politica: La Argentina: ¿país sin remedio?
12/02/2024 | 55 visitas
Con ley ómnibus o sin ella, el gasto público deberá reducirse eliminando subsidios y organismos completos que siempre demandarán recursos para justificar su existencia LA NACION

El fracaso en el tratamiento de ley ómnibus en el Congreso y las medidas cautelares dispuestas por varios tribunales, reflejan el sistema de ideas y creencias que rigen en buena parte de la Argentina. Cada artículo eliminado de la ley, cada sección suspendida del DNU presidencial han sido interpretados como triunfos patrióticos frente a un “mercado” impersonal que pretende desregular en perjuicio de los más débiles, privatizar lo que debe ser común, asfixiar provincias deficitarias o convertir en mercancías objetos culturales que caracterizarían nuestro nivel civilizatorio.



En su discurso iconoclasta, el presidente Javier Milei no ahorró epítetos contra un Estado que no sería “solución, sino base de todos los problemas que tenemos” arremetiendo luego con los proyectos de cambio estructural que provocaron el revuelo. Sin embargo, y a pesar de sus dichos, el titular del Poder Ejecutivo sabe bien que toda forma de organización humana requiere un orden y ese orden exige un andamiaje estatal.

La convivencia humana es frágil e inestable, siempre expuesta al abuso y la disgregación, pues tiene como base diferentes formaciones y aspiraciones, impulsadas por el sempiterno instinto que lleva a colaborar solidariamente con los demás, pero también a sacar provecho a costa del prójimo.


Para cumplir sus finalidades esenciales y las muchas más que el progresismo le ha adjudicado de manera escandalosa, el Estado argentino cuenta con recursos dinerarios cuantiosos, administrados por quienes no los han ganado con su esfuerzo, sino con el ajeno

Esa dinámica subyacente funciona en todos los marcos institucionales. De allí la dificultad de lograr sistemas exitosos y duraderos que sean apreciados como razón de la prosperidad colectiva además de justos en la retribución de los esfuerzos. Como no puede ser ajena a esa inclinación natural por maximizar ventajas, los múltiples recovecos de la organización estatal replican las llamadas “fallas” que caracterizan a los mercados. Detrás del cristal radiante del Estado, la condición humana revela su hilacha y, en ausencia de un sólido capital social que lo dote de férreos principios, reproduce en su interior iguales miserias que las atribuidas a aquellos mercaderes arrojados del templo.

El Estado contiene, como el uranio 235 en la fisión nuclear, la mayor potencia institucional que la humanidad haya concebido para ordenar conductas colectivas. Con su monopolio de la coacción social, puede declarar guerras y firmar paces, obligar y prohibir, juzgar y sancionar, gravar y recaudar, enriquecer y fundir. Sin embargo, no es una creación divina y subordinado al ámbito de la política; es botín irresistible para quienes viven y prosperan en el mundo del poder. Tan formidable es su capacidad de mando hacia afuera como débil es hacia adentro, pues sus botoneras no se asignan conforme méritos académicos, trayectorias profesionales o virtudes morales, sino a lealtades, aportes y afiliaciones, como lo enseñó Maquiavelo y lo popularizó Discépolo.


Para cumplir sus finalidades esenciales y las muchas más que el progresismo le ha adjudicado, cuenta con recursos dinerarios cuantiosos, administrados por quienes no los han ganado con su esfuerzo, sino con el ajeno. A diferencia del sector privado, donde cada gasto se piensa dos veces y cada imputación se audita, las billeteras ministeriales se abren conforme a pautas de otras conveniencias, opuestas a las estrecheces de la partida doble. Empleos para todos y todas, jubilaciones sin aportes, subsidios indiscriminados, transferencias a provincias por votos senatoriales, licitaciones amañadas, designaciones de amigos y parientes, captación de científicos, reclutamiento de artistas, seducción de intelectuales. Cuando el poder está en juego, las artimañas para ampliarlo carecen de límites, aunque las normas digan otras cosas.


El organigrama argentino, con sus extravagantes nomenclaturas, tan extensas como redundantes, es paradigma de pobreza intelectual y aviesa picardía, al crear falsos altares consagrados a finalidades naturalmente incumplidas, excepto para quienes viven de ellos

Desde tiempo inmemorial se han debatido fórmulas para prevenir abusos mediante constituciones escritas y orales, formas parlamentarias y presidencialistas, división de poderes y garantías individuales, duración de mandatos y transparencia de los actos para su control. En Occidente, mucho se ha avanzado desde Montesquieu en adelante, aunque, al tiempo de verificar resultados prácticos siempre vale la escéptica pregunta de Juvenal, el poeta satírico latino: “¿Quién vigilará a los vigiladores?”. Pues quienes vigilan también están envueltos en la trama política, desde la antigua Roma hasta ahora.


Los malos gobiernos, para aprovechar esas debilidades, han infundido creencias míticas equiparando nombres de organismos con los fines de su creación, como los pueblos primitivos para atraer favores o conjurar maleficios. El organigrama del Estado argentino, con sus nomenclaturas extensas y redundantes, es paradigma de pobreza intelectual y aviesa picardía, al crear falsos altares consagrados a finalidades naturalmente incumplidas, excepto para quienes viven de ellos. El “pleonasmo al servicio de la expansión burocrática”, diría un filólogo con humor.

Para recuperar el espíritu del Estado moderno que soñó la Generación del 37, que impulsó la Organización Nacional y que completó la Generación del 80, es necesaria una reforma profunda de su estructura y de la base cultural sobre la cual se asienta. Desafío ciclópeo, pues nadie quiere renunciar a lo propio, aunque peligre el conjunto.


Si quienes le niegan hoy apoyo a las propuestas del Gobierno tuvieran ideas mejores, que hasta acá no hemos visto, que las den a conocer en lugar de pretender lucirse con discursos que no explican cuál sería ese otro camino propuesto para satisfacer la demanda social expresada en las urnas, algo difícil de concretar sin afectar a nadie

Estado y mercado deben desarrollarse de forma armoniosa sabiendo que, cuanto mayor sea la productividad privada, mayor será la posibilidad de ampliar funciones estatales en forma sustentable. Un Estado viable debe ser modesto y prudente, no expandiéndose más allá de los recursos disponibles por fuera de los roles que le son propios y de su capacidad de gestión competente. Debe construir reputación de eficacia y decoro con hechos, no con pautas publicitarias. Conocedor de sus límites, no debe ceder a presiones sectoriales ni a manotazos militantes que desfonden sus arcas en provecho de pocos hundiendo a los más indefensos en la inflación y la pobreza.

La reconstrucción de un Estado eficaz y respetado exige también un cambio cultural. No basta con denostarlo, pues cuanto más lo aprecie la población, más sencilla será la gestión pública y menor el costo de hacer cumplir sus normas. Como en Noruega, el modelo que invocó y pronto olvidó Alberto Fernández.


Es indispensable reconocer que la corrupción destruyó sus bases fundamentales, afectando a los tres poderes del Estado. Sin esa introspección colectiva, será difícil recomponer la seguridad jurídica para reducir la aversión a invertir en la Argentina. El retiro de la UIF y la Oficina Anticorrupción de los procesos en curso, no es buena señal cuando el mismo Ejecutivo debería marcar la diferencia con el pasado ya que las principales herramientas están en sus ministerios, entes regulatorios y empresas varias.

Con ley ómnibus o sin ella, el gasto público deberá reducirse, eliminando organismos completos que siempre demandarán recursos para justificar su existencia. La caída de ingresos que sufrirán las provincias y los aumentos de tarifas serán inevitables, en ausencia de mayores ingresos.

Si se recuperase la moneda, un círculo virtuoso de prosperidad podrá moderar el impacto de los ajustes. Ello requiere confianza en la capacidad del Gobierno para llevar a cabo las transformaciones a pesar de su reciente derrota legislativa y su escasa experiencia.

La mayoría votó por un cambio de modelo, no solo por el estilo de Javier Milei. Por un país sin inflación, sin corrupción y sin violencia, con un Estado modesto y prudente que pueda limitarse a cumplir sus fines. Allí radica el meollo de la cuestión, no en las formas utilizadas por el libertario.

Si quienes le niegan apoyo tuvieran ideas mejores que hasta acá no hemos visto, que las den a conocer en lugar de pretender lucirse con discursos que no explican cuál sería ese otro camino propuesto para satisfacer la demanda social expresada en las urnas, algo difícil de concretar sin afectar a nadie.

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