El desplante de YPF a Kicillof con la decisión de instalar la megaplanta de gas natural licuado en Río Negro y no en Bahía Blanca, como pretendía el gobernador, llama la atención no tanto por el conflicto en sí mismo sino por el contexto y los términos en que se discutió. Hay claramente un cambio de época, posiblemente facilitado por la urgencia de volver a crecer, en que los viejos argumentos progresistas no surten ningún efecto. No asustó ni dio réditos, por ejemplo, la amenaza de que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se aplicaría a costa de los recursos naturales o, como llegó a definir en mayo Cristina Kirchner, mediante un “Nuevo estatuto legal del coloniaje”. Altri tempi, diría ella.

Es indudable que, independientemente de si le encuentra o no la vuelta a la crisis, la llegada de Milei inaugura una etapa en la que rigen otras valoraciones. Esta semana, y al contrario de lo que se pensaba cuando se discutió la Ley Bases, Kicillof pagó un costo político interno por la novedad. Hasta el tuit festivo de un compañero de espacio, Martín Doñate, un senador que había votado contra el proyecto, sonó a provocación. “Celebramos con enorme alegría que la gran inversión que tiene proyectada nuestra empresa nacional YPF y Petronas (Malasia) se desarrolle en nuestra provincia de Río Negro”, publicó. “¿Lo habrá mandado Máximo?”, se preguntaba esta semana un legislador de Unión por la Patria. ¿O será que Milei ha empezado a ganar voluntades más allá del peronismo que lo respaldó durante el debate legislativo? “Vuelve Carlos”, bromeó ante la estrategia Marcos Buscaglia en una comida con empresarios.

Kicillof quedó desde entonces bastante molesto, pero más con Milei que con Horacio Marín, presidente de YPF, con quien tiene una buena relación. Está convencido de que fue el Presidente quien dio la orden de adelantar la fecha de la elección del puerto en que funcionará la planta para dejarlo en ridículo a él y al proyecto con que pretendía convencer a las petroleras: facilidades tributarias que empezarían a discutirse la semana próxima en la Legislatura. Tardísimo. Más si se recuerda que Río Negro no solo había aprobado la adhesión en tiempo récord, el 12 de julio, sino con un adicional de incentivos provinciales.

Algo falló. Porque el peronismo bonaerense, y principalmente el de Bahía Blanca, tenía pensada otra estrategia. Para no exponer a Kicillof, los encargados de pedir públicamente la adhesión al RIGI serían intendentes y legisladores del PJ y La Libertad Avanza. Vale en este punto una consideración de consultores del sector: el RIGI ofrece a las petroleras beneficios sin los cuales los proyectos seguirán siendo atractivos, algo que no pasa en cambio con la minería, cuya vieja normativa dejaba hasta ahora, por ejemplo, los costos de explotar cobre 10% por arriba de los de Chile.

Que la planta se haga finalmente en Río Negro tiene para la dirigencia política un valor simbólico. Hay posibilidades concretas de que ni Milei ni Kicillof ni Weretilneck sean testigos presenciales de los verdaderos réditos: el proyecto empezaría a edificarse en 2027 y acaso se termine en 2040. Pero la reconfiguración topográfica avala en el presente la explosiva retórica de Milei, que dice que el sector privado no invierte donde se gobierna con lógica soviética. Justo cuando, a falta de resultados, la construcción de un enemigo imaginario vale para el Gobierno el doble. Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, retuiteó la semana pasada ese argumento en un chiste del economista Ramiro Castiñeira: “Un comunista expropió una petrolera décadas atrás y ahora otra petrolera quiere invertir en la Argentina, pero evitando la provincia donde gobierna dicho comunista. ¿Cómo se llama la obra?”.

Ese combate discursivo es, con el superávit financiero y el enfriamiento en la inflación, lo que apuntala hoy a Milei. “La batalla cultural”, dicen sus tuiteros. Lo valora hasta Cristina Kirchner, que suele reconocerle al Presidente rasgos de inteligencia y, de paso, hace también un mea culpa sobre la capacidad del propio espacio, que incluye a su hijo, para interpretar los tiempos. “Nosotros no supimos ver la influencia de esto”, dice, y señala algún teléfono móvil. Dicen que está bastante cansada de la interna bonaerense. Pero que es probable que, alejada ya de la función pública, su posicionamiento apunte en adelante más a consolidar la identidad kirchnerista que a consensos más amplios. Esta semana, por ejemplo, retuiteó una columna de Eduardo Valdés en la que el diputado cuestiona el proyecto del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, una iniciativa que todavía hace dudar al PJ porque recaba adhesiones en los estratos de bajos recursos. Diputados como José Glinski, de Chubut, o Leandro Santoro, de la Capital Federal, proponen centrar el debate en la confección de un esquema de garantías dentro de un nuevo régimen penal juvenil, sin detenerse en la edad. “El progresismo ya perdió esa batalla: dialoguemos con la época”, admitió un diputado de Unión por la Patria.

Son discusiones que interpelan a las democracias en todo el mundo, donde el fracaso de un líder lleva a virar hacia el confín ideológico opuesto. ¿Cómo influirá al respecto en la región, por ejemplo, la situación de Venezuela? Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, los tres representantes federales del sur del estado de Florida en el Congreso norteamericano, acaban de anticipar que luego del verano boreal podrían pedir sanciones para aquellos países que, como Brasil, Colombia y México, se abstuvieron e hicieron fracasar en la OEA la resolución que le exigía a Maduro presentar las actas. En este contexto, ¿Lula y Pedro Sánchez seguirán convocando con el mismo entusiasmo al congreso de líderes progresistas “contra el extremismo de derecha” que planeaban para septiembre en la ONU? ¿Y de qué modo abordará esta crisis Cristina Kirchner hoy, cuando exponga en México? El título del seminario excluye toda posibilidad de elusión: “Realidad política y electoral de América Latina”.

Milei analizará cualquier contorsión discursiva igual que los infortunios de Kicillof con el RIGI. Buen tema de conversación política. Para la otra, la económica, tiene por ahora menos respuestas. ¿Cuándo salir del cepo, por ejemplo? Nadie lo sabe y la incógnita no es gratuita. Paolo Rocca les dijo anteayer a inversores que la demora en la normalización del mercado lo había llevado a retrasar desembolsos en Vaca Muerta. Esta semana, Luis Caputo intentó tranquilizar a empresarios de consumo masivo reiterando que esperaba transitar 2025 “sin cepo”, pero no agregó más. Apenas que el superávit y la posibilidad de refinanciar vencimientos le darían a la Argentina un horizonte financiero despejado hasta enero de 2026. “Confíen, comprométanse e inviertan”, alentó. Le preocupa el impacto de la recesión, principalmente en el comercio, pero no está dispuesto a resolverla con una devaluación que interrumpa el camino descendente de la espiral de precios. Caputo cree, como Milei, que ese es el objetivo que le encomendó el electorado. Un típico razonamiento de períodos posinflacionarios.

En mayo de 1995, cuando ganó la reelección con casi el 50% de los votos y 20 puntos de diferencia sobre Bordón, Menem tenía 18,4% de desocupación. “Así como pulvericé la inflación, voy a pulverizar el desempleo”, había dicho en la campaña. Como entonces, Milei apuntala su gestión sobre la amenaza de un regreso al pasado. Esa superficie de tierra arrasada que, según las encuestas, asusta bastante más que cualquier multinacional colonialista o pronta a llevarse recursos hasta ahora intactos solo porque no están a la vista.ß