Axel Kicillof tiene razones para sospechar que Javier Milei actuó con premeditación para perjudicarlo. Especula que el Presidente intervino en la supuesta demora de YPF y Petronas para comunicar oficialmente la semana pasada lo que tendrían resuelto desde hace meses. Instalar en Punta Colorada y no en Bahía Blanca, la planta de licuefacción de gas que prevén construir. La hipótesis del gobernador, sin embargo, contiene un curioso error cronológico.

Lo que pudo haber precipitado a Milei a privilegiar la terminal de Río Negro como destino de una inversión estimada en 30 mil millones de dólares fue lo que ocurrió a mediados de julio. Kicillof anunció que la provincia de Buenos Aires tendría su régimen propio de incentivos fiscales si la Legislatura aprobaba lo que Alejandro “El langa” Di Chiara bautizó como “el RIGI bonaerense”.

Probablemente el entusiasmo inusual del titular de la Cámara de Diputados bonaerense con una iniciativa del Ejecutivo debe haber inquietado al gobierno nacional. Di Chiara llegó a ese lugar por la alianza entre Máximo Kirchner y Martín Insaurralde. Casi dos enemigos declarados de Kicillof. Pero mantiene un hermanamiento político con Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca y exadministrador de su puerto y sobre todo alguien muy cercano a Gustavo “El turco” Elías, con una influencia determinante en el puerto. En especial, a partir de 2002, cuando la justicia de Bahía Blanca le impidió el paso a un tren cargado con metanol que desde Ensenada se dirigía a Plaza Huincul, una de las regiones petroleras de Neuquén. Ese fallo obligó al traslado de combustible en una flota de camiones que fue la base de la empresa de logística Chenyi, cuya propiedad Elías compartiría con Hugo Moyano. Demasiado para no llamar la atención. Versiones maliciosas aluden a que Kicillof habría intentado que una cláusula disimulada en el régimen de incentivos le permita convalidar el RIGI sin adherir abiertamente a él. Y no contradecir el tenaz rechazo de Máximo Kirchner en el Congreso. Si todo esto fuese cierto, le daría lógica el enojo del gobernador con el presidente de YPF, Horacio Marín, apenas se confirmó la elección de Punta Colorada.

Según voceros de YPF, Marín le explicó a Kicillof que sin el RIGI quedaba disuelta la promesa de competir en igualdad de condiciones con Río Negro. ¿Temió Milei que Kicillof consiga sancionar una admisión tácita al RIGI y lo deje sin argumentos para que la planta de gas se instale en Bahía Blanca? Si la especulación tiene algún asidero es porque Kicillof sigue sin enviar a la Legislatura el régimen de incentivos que adelantó a mediados de julio. Sus colaboradores aseguran que cursarán ese proyecto cuando finalice el receso legislativo. Un argumento trivial frente a la necesidad de inversiones. Luego del altercado el día del anuncio, Marín y Kicillof volvieron a conversar. Al menos tres compañías aguardarían a saber si serán acogidas por un régimen especial para decidir si radican en territorio bonaerense inversiones por mil millones de dólares cada una. Dos de ellas tendrían por destino a Bahía Blanca: la ampliación de la planta que comparten Profertil y otra de Dow Chemical. La decisión de YPF y Petronas dejó a Kicillof en una posición de debilidad política. Le sería difícil asimilar que la Legislatura rechace su régimen fiscal. Controlados por la Cámpora, los bloques de Unión por la Patria (UXP) tomaron nota de la nueva situación.

La comisión de Trabajo aprobó el lunes en el Senado un proyecto que encarece las indemnizaciones por despido hasta siete veces. La Cámpora controla esa comisión. Las entidades empresarias, pero también Kicillof, se oponen a esa iniciativa que no tiene posibilidad de avanzar en el recinto. La oposición ya adelantó que reuniría sus 25 votos para rechazarla.

Conducidos por Emanuel González Santalla, los senadores de UxP aprovecharían para realizar una demostración de fuerza que escarmiente a la aliada de Kicillof en el Senado: Verónica Magario. La vicegobernadora se apresuró a declarar que esa iniciativa no prosperaría porque no representaba a la mayoría del bloque. Magario olvidó un detalle. No es la jefa de esa mayoría que, por otra parte, representa a La Cámpora.

La versión de los voceros de Kicillof sobre la controversia por la planta de gas es otra. Aseguran que el RIGI no tuvo incidencia en la decisión de elegir a Punta Colorada. Están convencidos que el supuesto ensañamiento de Milei con Kicillof es la única razón para relocalizarla. Las actuales autoridades de YPF desmintieron que en la carta de intención que las anteriores firmaron con Petronas se haya predeterminado una ubicación. Aunque admitieron conocer la versión del compromiso que habría asumido el expresidente de YPF, Pablo González. El Congreso sancionaría un régimen especial de Gas Natural Licuado (GNL) si a cambio Petronas accedía a que la planta se instalara en el puerto de Bahía Blanca. La Cámara de Diputados le dio media sanción a ese régimen en octubre de 2023. Milei ganó la segunda vuelta en noviembre. En junio de este año el Congreso aprobó el RIGI.

El reconocimiento del Ciadi como tribunal arbitral es la gran diferencia del RIGI con el régimen de GNL propuesto por el kirchnerismo, de malas experiencias y pésima reputación en ese organismo internacional. Su oposición al RIGI, sin embargo, se fundó en una razón más tangible. El temor a que su vigencia vuelva ilógico instalar la planta en Bahía Blanca. YPF analizaba contar con un puerto en la Patagonia desde hace dos décadas, cuando comenzó a evaluarse la posibilidad de explotar el negocio del petróleo en Vaca Muerta.

Las compañías de esa región que financiarán el nuevo oleoducto hasta Punta Colorada admiten que el de Bahía Blanca está clasificado como “puerto sucio”. Aquellos donde los sobrecostos de operar son imposibles de estimar. Dos fallos pendientes de la Corte bonaerense podrían contribuir a transparentar esa situación. Energen S.A. acudió al máximo tribunal bonaerense con dos recursos en queja contra el juez en lo Contencioso y Administrativo de Bahía Blanca, Agustín López Coppola, y el titular del juzgado en lo Civil y Comercial N°5, Federico Bostal.

Bostal ordenó en noviembre de 2022 el desalojo de Energen del puerto de Bahía Blanca por negarse a pagar 50 millones de pesos correspondientes al pago adicional de Ingresos Brutos previsto en el artículo 100 de la Ley Impositiva que grabó con ese tributo excepcional a Consorcios de Puertos y Terminales. Energen ganó en 2018 la licitación convocada por el puerto de Bahía Blanca para asistir a los buques en el servicio de carga y descarga de combustibles. En 2021 inició en Arba el expediente N°2360-0422508 para determinar la certeza de lo que no le correspondía pagar. Un funcionario de la confianza de Kicillof, Cristian Gerard, conduce la Agencia de Recaudación bonaerense que sigue sin responder después de tres años. El juez López Cóppola denegó la medida cautelar que le pidió Energen ante la intimación a que pague efectuada por el consorcio del puerto presidido por Susbielles.

Aunque la licitación fijó al fuero Contencioso y Administrativo para resolver litigios, Susbielles le pidió al Civil y Comercial el desalojo de Energen. La medida que finalmente adoptó el juez Bostal con una sentencia definitiva luego de una serie de apelaciones. El conflicto entre las partes se disparó en octubre del 2022 cuando el presidente de Energen, Marcelo Álvarez, denunció por extorsión a Susbielles, Elías, Maximiliano Di Federico y Gustavo Damiani, en la UFI N°10 de Bahía Blanca, a cargo del fiscal Gustavo Zorzano.

Álvarez aportó como prueba principal el diálogo de casi una hora que mantuvo con Di Federico y que grabó con una cámara oculta. Di Federico es director de la zona franca del puerto de Bahía Blanca, Damiani representa a la Unión de Bahía Blanca en el consorcio que administra el puerto. Además de ser sospechado de socio de Moyano, Elías preside la Unión Industrial de Bahía Blanca.

El Procurador General Adjunto, Gabriel González Silva, investiga a Elías, Di Federico y Damiani por asociación ilícita, evasión fiscal y lavado de activos. La causa procura determinar si esos delitos fueron cometidos. Pero también si para hacerlo se valieron de facturas truchas, empresas fantasmas y prestanombres, con la intención de incrementar su patrimonio. En la cámara oculta, Di Federico insta a Álvarez a que ceda el 50 por ciento de las acciones de Energen.

El fiscal Zorzano archivó la denuncia de Álvarez en junio de 2024 y resolvió investigarlo a él por el delito de tráfico de influencias. En apariencias, una práctica tan naturalizada en la política que no configuraría la posibilidad de un ilícito. Susbielles mantiene una estrecha relación con Di Chiara. Gestada, aparentemente, mientras el titular de la Cámara de Diputados fue intendente de Monte Hermoso.

Juan Pablo Peredo es otro nexo entre ambos. Igual que Di Chiara, Peredo le debe a Insaurralde su lugar en la administración pública: vocal del Tribunal de Cuentas. Peredo controla desde allí a los organismos descentralizados. Entre ellos, los consorcios de puertos. Su pasado como CEO en la industria del juego le permitió a Peredo una interlocución privilegiada con los municipios con bingos dentro de sus jurisdicciones

Bahía Blanca, Monte Hermoso y Lomas de Zamora forman parte de esa lista, que también incluye a Avellaneda. Carla Monrabal habría contribuido a afianzar el vínculo de Peredo con el intendente Jorge Ferraresi. Monrabal fue confirmada al frente del consorcio del puerto Dock Sud, adonde llegó por los buenos oficios de Peredo. Los presidentes de consorcios son designados por un decreto del gobernador.

Ferraresi es uno de los principales respaldos en los que Kicillof asienta su pretensión de ser candidato presidencial. El lunes habría regresado de su última estancia en Europa con la licencia que el 28 de julio le otorgó el Concejo Deliberante. En los primeros ocho meses del año, acumula 70 días hábiles fuera de su cargo. Batiría todos los récords y casi duplicaría el que hasta ahora ostentaba Milei: 47 días. Dos por cada diez de gobierno. Ferraresi iría por buen camino. Aspira a suceder a Insaurralde como jefe de los intendentes en el conurbano.