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La Argentina tiene una de las mayores presiones tributarias de la región. Como la informalidad y la evasión son relativamente altas la presión que recae sobre las actividades formales es todavía más alta; en muchos casos supera a la que existe en los países desarrollados.
Para alcanzar esos niveles de presión tributaria los tres niveles de gobierno utilizan impuestos de fácil recaudación pero que son peores que otros. Así, los impuestos ‘distorsivos' -derechos de exportación, impuesto País, impuesto a las transacciones financieras, ingresos brutos, sellos y las tasas de seguridad e higiene municipales- aportan más de 8% del PBI, es decir 30% de la recaudación total. En el caso del gobierno nacional representan algo menos del 20% de sus ingresos, en las provincias el 85% de los ingresos de origen provincial y alrededor de la mitad de los recursos propios de los municipios. Con la desaparición del impuesto PAIS prevista para finales de año el conjunto de impuestos distorsivos aportará todavía más de 7% del PBI.
El régimen de coparticipación genera un problema adicional para poder reducir la carga de algunos de estos impuestos. La Nación percibe un porcentaje mayor de los impuestos más distorsivos propios y eso complica la reforma (por ejemplo, obtiene el 100% de las retenciones, del impuesto País y del que recae sobre las transacciones financieras). Simplificando, para reemplazar un peso de recaudación de los impuestos más distorsivos que obtiene la Nación se requiere aumentar en casi dos pesos la recaudación de impuestos menos malos, pero que se comparten con los gobiernos subnacionales.
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