Este lunes, Amado Boudou volvió al Senado y recibió una ovación del público cautivo: militantes de la ley de identidad de género, dirigentes y funcionarios oficialistas. La algarabía era tal que la locutora del acto se confundió y lo presentó como “ex presidente”. Todos rieron. Boudou habló entonces de “herramientas” y “objetivos” de la economía.

“No creo que la Argentina deba crecer para pagarle al Fondo”, dijo. Más aplausos al ex vicepresidente condenado a 5 años y 10 meses de prisión por quedarse con Ciccone, la empresa que imprimía billetes. En su caso intervinieron 16 jueces de todas las instancias, incluyendo camaristas muy cercanos al kirchnerismo: todos hallaron pruebas en su contra.

Fue un símbolo potente de estos días de mayo, cuando entre las rajaduras de la interna feroz en el Gobierno reverdecen dos clásicos del kirchnerismo duro: el Plan Impunidad y el Plan Platita.

En el frente judicial, se trata de la negación crónica de los procesamientos y condenas por corrupción a funcionarios K, que se reciclan en ataques furiosos contra la Corte.

El razonamiento del relato sigue indemne: el lawfare -la persecución judicial por motivos políticos- es a todo el kirchnerismo. No hay ni hubo corruptos en sus filas sino perseguidos en todos los pisos de la pirámide. Por supuesto, en la cúspide espera Cristina.

Sin embargo, hay escollos: un fiscal ante Casación acaba de oponerse a que Cristina sea absuelta sin juicio por las denuncias de coimas en Hotesur y Los Sauces. Lo mismo había pasado en la causa del Pacto con Irán.

Tarde o temprano, todo terminará en la Corte y por eso el Plan Impunidad debe acelerarse.

Este martes Diputados formó las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, claves para canalizar la embestida.

Aunque parezca increíble a esta altura del año, se apuraron: aún hay otras 15 comisiones que ni siquiera tienen miembros designados.

En Entre Ríos hubo una pequeña muestra de cómo se activan los resortes del poder contra funcionarios judiciales molestos.

La fiscal Cecilia Goyeneche investigó al ex gobernador Sergio Urribarri -finalmente condenado por corrupción-, y descubrió un mecanismo de contratos truchos en la Legislatura provincial que evaporó más de 50 millones de dólares.

El poder político suspendió a la fiscal y le inició un jury de enjuiciamiento sumando entre sus integrantes a miembros del PJ local.

La fiscal fue a la Corte y tuvo un resultado exprés: primero el procurador Casal dijo que el reclamo correspondía, y este martes la Corte lo admitió y suspendió el juicio político.

Es uno de esos frenos que el kirchnerismo detesta.

El caso deja una postal de la Argentina inexplicable: Urribarri fue inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida, pero todavía es el embajador argentino en Israel.

Aunque el Gobierno le aceptó la renuncia hace más de un mes, el decreto aún no llegó a Tel Aviv. Se parece demasiado a una protección política.

En el frente económico, el kirchnerismo va contra el ministro Guzmán -y contra el Gobierno de Alberto Fernández- con una sucesión de acciones coordinadas y consecutivas.

Primero, Cristina elogia los arreglos de paritarias por arriba del 60 por ciento, como el que obtuvieron los bancarios. Segundo, los intendentes del kirchnerismo dan aumentos del 65% en sus comunas (Quilmes y Avellaneda) y hasta del 80%, en Morón. Tercero, Axel Kicillof anunció el 60% para los empleados públicos bonaerenses.

Es difícil que esa carrera desenfrenada para paliar la inflación no termine en más inflación. Otro ladrillo en la pared para Guzmán y su acuerdo con el Fondo.

La estrategia Plan Platita para que el plan económico vuele por los aires sigue en el Congreso: el jueves, en Diputados, se pidió adelantar los aumentos al salario mínimo. El viernes, senadores K pidieron incorporar al sistema jubilatorio a quienes no tengan los 30 años de aportes. Este martes, en Diputados otra vez, apareció un proyecto para el Salario Básico Universal.

Se fuerza la máquina de hacer billetes que Boudou ya no maneja y Guzmán le prometió al Fondo que reduciría.

Otra postal de la Argentina inexplicable: el intendente Lucas Ghi, en Morón, les da el 80% de aumento a sus empleados públicos mientras le seguía depositando el sueldo a un empleado que está preso en una Unidad Penitenciaria por tentativa de homicidio.

No sólo eso: junto con el salario le depositaban también presentismo y horas extras. No sería un ejemplo de responsabilidad administrativa.

El jueves se conoce el índice de inflación, la Marcha Federal llega desde todo el país a pedir más planes a Plaza de Mayo y se define la quita de subsidios a las tarifas de gas y luz.

Un día difícil para el Gobierno de Alberto Fernández, que ayer dijo sobre Cristina, al diario El País de Madrid: “El debate no me preocupa, me preocupa la obstrucción al Gobierno”.

Es la misma semana en que YPF aumentó la nafta siguiendo a las petroleras privadas porque “sino tendría una demanda excesiva”.

¿Eso no es bueno para el que vende algo?

Para una empresa estatal, se ve que no. En la gestión del gobierno actual, la nafta aumentó 18 veces. El presidente de YPF es Pablo González, íntimo de Máximo y Cristina.

El jueves sucederá algo más. El procurador y la Corte sesionarán en Rosario, en solidaridad con los jueces y fiscales amenazados por el narcotráfico. Allí hubo 105 muertos en cuatro meses. Es un baño de realismo.

Debajo de todo hay un país que sufre.

POR HECTOR GAMBINI

CLARIN