Cuando hacia fines del año 2024, María Eugenia Talerico -líder de la alianza Potencia-, me ofreció encabezar la lista de senadores provinciales por la primera sección electoral (una de las ocho en las que se divide la provincia de Buenos Aires a los efectos de renovar legisladores locales), sentí una extraña sensación, porque si bien como docente y académico, hace más de cuarenta años que estudio y enseño la organización política del país, nunca antes había ocupado un cargo de elección popular, y tampoco había participado de una campaña electoral.

Después de analizar largamente la propuesta, finalmente decidí aceptar el ofrecimiento de la destacada dirigente, sabiendo que, si bien por mi formación y especialidad considero que estoy lo suficientemente capacitado para ocupar una banca legislativa, muy distinto sería, y efectivamente lo fue, transitar por el sendero de la campaña electoral, que constituye la etapa previa al ejercicio del cargo por el que he competido.

En efecto, una cosa es estudiar y enseñar la organización política del país (el funcionamiento del Estado, de los órganos de gobierno, el ejercicio del poder y sus límites, así como también la protección de los derechos y libertades de los habitantes), y otra muy diferente es hacer campaña política.

El Código Nacional Electoral define a una “campaña electoral”, como el “conjunto de actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, y sus candidatos, mediante actos de movilización, difusión, publicidad, comunicación y presentación de planes y proyectos, a los fines de captar la voluntad del electorado”.

Agrega, finalmente, que las actividades académicas y conferencias no deben ser considerados dentro del concepto antes descripto. Pues es, justamente en ese ámbito, en el que se desarrolla mi actividad desde hace cuatro décadas, y no precisamente en el ámbito de una campaña política.

De modo tal que apareció, aquí, una notable disyuntiva, porque toda la experiencia adquirida en el ámbito profesional y académico, que me califica para la ocupación de una banca, resultó ser inversamente proporcional a la que tenía para transitar el camino previo de la campaña. En estas condiciones y contexto comencé la experiencia proselitista, de la cual he aprendido y obtenido dos conclusiones que quiero compartir.

En primer lugar, aprendí, insólitamente, que en una campaña política es muy difícil explayarse sobre propuestas. En efecto, ni los actos, ni los medios, ni las redes parecieran ser ámbitos propicios para ello.

Por el contrario, verifiqué que contar proyectos y propuestas aburre a la mayoría de la gente. Obviamente que es imprescindible tenerlas siempre a mano, pero para entregarlas y explicarlas cuando alguien lo requiere expresamente.

Mientras tanto, a la hora de conseguir prosélitos y lograr el favor popular, es más útil y conveniente apuntar al corazón y a los sentimientos de los votantes. Pues, para un docente universitario acostumbrado a dirigirse a la razón y al intelecto, la tarea no luce muy cómoda.

En segundo lugar, es sabido que, en una campaña electoral, es fundamental llegar a la mayor cantidad de gente posible, ya que, para un candidato, ser conocido multiplica las posibilidades de alcanzar el objetivo de ser elegido. Sin embargo advertí que, en la búsqueda de lograr ese masivo conocimiento, existe una profunda desigualdad de condiciones, ya que corren con una enorme ventaja los candidatos que, al mismo tiempo, tienen funciones ejecutivas de gobierno, tales como gobernadores, intendentes o ministros, porque utilizan los recursos públicos que administran para difundir sus candidaturas, aun cuando ello constituye un delito, cual es el de “malversación de fondos públicos” tipificado en el Art. 260 del Código Penal,

En la pasada elección legislativa, en la provincia de Buenos Aires, los ejemplos fueron múltiples, y ello implica, claramente, una desvirtuación de la democrática igualdad de oportunidades que todos los candidatos deben tener para lograr el favor popular. Cuando estas desigualdades y disparidades existen, se enturbia el resultado de la elección, y con ello se resta calidad a la democracia representativa.

Este oscurecimiento de la voluntad popular se acentúa a partir del accionar de muchos punteros de partidos políticos de gran envergadura, que no tienen ningún prurito en “hacer desaparecer” boletas de las agrupaciones más chicas, que obviamente no tienen la misma capacidad para fiscalizar la elección y evitar que ello ocurra.

La democracia sigue siendo el mejor régimen de gobierno para organizar a un país, pero es necesario tomar conciencia que, con su sola existencia no se come, ni se cura, ni se educa. Al contrario, para que ello sea posible es indispensable evitar actitudes como las referidas (que son las que desacreditan a la política como actividad de servicio), y además es necesario incorporar al sistema dos nutrientes que lo doten calidad y le brinden anticuerpos para impedir su deterioro: ellos son educación cívica e integridad moral en aquellos que “hacen política” para conducir los destinos de un país, y en el pueblo, para evaluar adecuadamente a quien elegir y a quien descartar.

POR FELIX LONIGRO

CLARIN