La Nación dice que necesita esa plata. La Ciudad, que la recibió con el traslado de la Policía. Ofrece partir esa suma y aportarle a la Nación unos $ 18.000 millones que son los que la Ciudad dejará de cobrar por la suspensión del Consenso Fiscal. En las próximas horas se reunirán los funcionarios de las dos partes. Si estalla la guerra política y judicial, no parece oportuno abrir en enero el Congreso, para que se discuta un Consenso Fiscal cuyo debate se relaciona de cerca con este recorte. Sergio Massa, de paso por Pinamar, no confirmó aún la sesión para el próximo 22. De esto se habló en el fin de semana en la ciudad costera, adonde concurrieron, por separado y cada cual con su agenda, María Eugenia Vidal, Mario Negri, Gerardo Morales, Hernán Lombardi, Maxi Abad. No constan cruces, salvo los telefónicos, entre los radicales con Alfredo Cornejo, sobre una cumbre de la cúpula radical para el 21 de enero, para hablar de la guerra porteña, de Rafecas y de la vacante en la Auditoría.
Alberto y Horacio Rodríguez Larreta les piden a los entornistas que le bajen el tono al debate, para permitir la negociación. La Nación no quiere ceder y amenaza con ir por más, por ejemplo, reflotar el intento de retirar del Banco Ciudad los depósitos de la justicia nacional y federal. Ese intento fracasó, pero puede volver. Es un cañonazo a las rentas de Larreta, y pone a prueba pilares profundos de la política que parecían inconmovibles. Macri prosperó como administrador exitoso de la Ciudad a pesar de sus enfrentamientos con el gobierno de Cristina, con quien cohabitó durante ocho años. Les ganó la pulseada a los ataques políticos y financieros, en parte porque mantenía acuerdos de fondo con el peronismo en la Ciudad, con sede en la Legislatura local. Esta pelea deshace esos acuerdos, que permitieron obras, leyes y designaciones, y revisa las relaciones de Larreta con socios del silencio como Víctor Santa María, padrino de la gestión de Alberto, y Juan Manel Olmos, su jefe de asesores.
POR IGNACIO ZULETA
CLARIN