El gasto público consolidado es aquel que reúne los gastos del estado en sus diferentes jurisdicciones: Nación, provincias y municipios. Este cálculo es libre de transferencias entre las jurisdicciones. En otras palabras, se trata de capturar el verdadero gasto de cada una de las diferentes jurisdicciones del país. De esta forma se evitan los saltos que suelen darse entre las mismas por la forma en que son apropiados los gastos. Con esta metodología capturamos el total del gasto, sea en cualquiera de ellas que se ha producido. Es la forma más adecuada de medir el gasto público y su relación con la economía.

En 2002 fue uno de los años de menor gasto del gobierno en relación a la economía argentina: llegó al 24,2 % del PBI, una cifra muy baja. Pero en ese año la devaluación del tipo de cambio fue muy fuerte, o sea, que la cantidad de empleados y jubilados era aún muy grande, junto a otros gastos públicos licuados en su aspecto monetario.

En la medida en que se fue regularizando dicho gasto, este comenzó a crecer, aunque quizá si se hubiera llegado al 28/30 % del PBI, ese número hubiera representado un límite razonable. El problema es que no paró allí, sino que siguió creciendo y ya en 2009 había llegado al 35,7 % del PBI, una cifra que ya era muy alta. Pero esto no terminó allí, sino que en 2015, después de varios años de Cristina de Kirchner en la presidencia, el número llegó a 47,0 % del PBI, una cifra verdaderamente inmanejable.

Ahora bien, ¿qué pasó con la gestión de Mauricio Macri? No realizó un corte, una evaluación del gasto público -diciendo, por ejemplo, que había que corregirlo de inmediato- sino que siguió con los mismos números aproximadamente, aunque hubo alguna rebaja del gasto público consolidado, producto de ciertas correcciones del tipo de cambio, pero que pueden entenderse como licuaciones del gasto y no verdaderas soluciones del verdadero problema de la Argentina, es decir, del exceso de gasto público en relación con toda la economía.

¿Qué es lo que hay que hacer para tener un futuro como país en este aspecto? No hay más remedio que bajar el número de empleados de los diferentes estados, que han crecido en mucha mayor proporción que la población del país. Ya esto no se puede solucionar aumentando los impuestos, pues son muy altos para el nivel de desarrollo que hemos alcanzado.

¿Qué pasa con los jubilados? También se han jubilado muchas personas que no aportaron al Estado en su vida pero por edad se les ha brindado un beneficio, igual que aquel que aportó durante toda su vida. No digo que no deban recibir alguna prestación, pero lo que reciben, si bien no es muy alto, sigue siendo algo que podría corregirse.

Lo mismo podríamos decir con las cantidades de planes sociales, los cuales, por el Covid-19, han subido mucho en 2020, y ahora han disminuido un poco. Pero creo que no se puede vivir todo el tiempo en crisis y habría que plantearse un límite para esos casos.

Esperemos que se puedan ir solucionando estos problemas en la medida en que se resuelvan los temas del Covid-19, pero no es posible seguir soportando en forma permanente estas dificultades, pues se volverían permanentes y tendríamos una constante inestabilidad del crecimiento y una alta inflación. Es fundamental saber frenar los gastos cuando esto es necesario, para bien del país.